El Gobierno de Donald Trump planifica un incremento significativo en las operaciones de control migratorio dentro de los lugares de trabajo del país. Según informaron varias fuentes familiarizadas con las deliberaciones internas, diversas agencias federales participan activamente en el diseño de una estrategia conjunta cuyo objetivo principal es elevar el número de detenciones y responder a las demandas de la base electoral del mandatario, reportó CNN.
Estas acciones complementarias se sustentarán en investigaciones penales que ya se encuentran en curso, enfocadas en la detección de delitos como el fraude de asistencia social, el robo de identidad y la falsificación de beneficios estatales. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que se registra un alza deliberada en este tipo de indagaciones de carácter penal, aclarando que el Gobierno aplicará rigurosamente la ley si las pesquisas exigen detener a los infractores.
No obstante, la puesta en marcha de estas medidas implica un complejo equilibrio para la Casa Blanca. La Administración intenta ejecutar un volumen histórico de deportaciones sin perjudicar a sectores productivos clave como la manufactura, la construcción y la agricultura, y evitando desestabilizar una economía descrita como frágil. En el pasado, el DHS ha emitido mensajes contradictorios sobre las redadas laborales; un ejemplo fue la inspección efectuada el año pasado en una planta de Hyundai en Georgia, la cual desató una disputa diplomática con Corea del Sur.
Preparar estas intervenciones en corporaciones suele requerir meses o años de análisis debido a las montañas de papeleo necesarias para demostrar la culpabilidad de los empleadores. Habitualmente, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE notifica una auditoría de papeles migratorios antes de proceder formalmente con una investigación penal.
Pese a las dificultades logísticas, los sectores más duros exigen mayor contundencia, argumentando que el control en las empresas es crucial para el éxito de la agenda presidencial. Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies, señaló que la verdadera prueba para el Ejecutivo radicará en intensificar significativamente la verificación de documentos, aun cuando esto incomode a los empleadores del país.
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Actualmente, ICE mantiene un promedio diario de casi 2.000 arrestos. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ratificó que las deportaciones ya superan los 3.200 individuos al día con el fin de restaurar el orden legal. Este dinamismo busca superar vacilaciones previas, dado que el propio Trump llegó a pedir anteriormente la protección de las granjas, provocando bandazos en los agentes que debían ejecutar las órdenes de captura.
Por su parte, el ex subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, intentó fijar previamente una cuota diaria de 3.000 arrestos, una meta que resultó difícil de alcanzar para la agencia operativa en su gestión ordinaria de control fronterizo e interno.
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