Un juez federal bloqueó a nivel nacional la política del Gobierno estadounidense que permitía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestar a migrantes dentro de los tribunales de inmigración de todo el país. La decisión judicial pone fin a una polémica práctica que había generado intensos debates en el sistema legal estadounidense.
El magistrado P. Casey Pitts emitió un detallado fallo de 71 páginas en el que determinó que la medida implementada carece de una justificación racional, calificándola formalmente de “arbitraria y caprichosa”.
Según el texto del tribunal, la normativa de la agencia omitió por completo el “efecto disuasorio” que estos arrestos generan en los indocumentados, infundiendo un temor generalizado y provocando que los no ciudadanos dejen de asistir a sus audiencias obligatorias, lo que fractura el funcionamiento de la justicia.
Esta controvertida práctica comenzó tras rescindirse una directriz de administraciones pasadas que protegía los juzgados para garantizar el debido proceso. Mientras las autoridades federales argumentaban que restringir las detenciones obstaculizaba la captura de personas peligrosas, defensores de los derechos civiles denunciaron que los tribunales se estaban transformando en “terrenos de caza”.
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Jordan Wells, abogado del Lawyers’ Committee for Civil Rights, celebró la decisión y afirmó que ningún inmigrante debería elegir entre su libertad y presentarse ante la ley. En contraparte, James Percival, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), arremetió contra el dictamen en redes sociales, tachándolo de “activismo judicial descarado” que atenta contra la seguridad nacional.
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