Amnistía Internacional ha calificado de ilegal la reciente expulsión de 11 personas desde Estados Unidos hacia Esuatini. La organización no gubernamental acusó directamente a la administración de Donald Trump de implementar políticas migratorias “crueles y racistas”.
Este nuevo grupo de deportados llegó al pequeño reino del sur de África como parte de un controvertido acuerdo bilateral. Bajo este convenio, valorado en 5 millones de dólares, el gobierno estadounidense financia el traslado de migrantes. Con estas incorporaciones, la cifra total de personas deportadas y retenidas en territorio esuatinés asciende a 29. De acuerdo con fuentes locales, 10 de los recién llegados son de origen africano, mientras que uno proviene de Suramérica.
Flavia Mwangovya, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, instó a las autoridades locales a detener estas operaciones de inmediato.
Por su parte, Esuatini ha manifestado que planea repatriar a los deportados a sus respectivos países de origen. Anteriormente, un ciudadano procedente de Jamaica y otro originario de Camboya ya fueron enviados de regreso a sus naciones bajo este mismo esquema.
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La presión internacional crece sobre Washington para desmantelar este sistema de detención y deportación masiva. Organizaciones humanitarias señalan que este tipo de acuerdos de externalización de fronteras no son exclusivos de Esuatini. Según reportó la organización Human Rights Watch, el gobierno de Ruanda también suscribió un pacto similar con Estados Unidos por un valor de 7,5 millones de dólares para recibir a un total de 250 migrantes en su territorio nacional.
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