La administración estadounidense presentó una propuesta de reglamento para codificar un gravamen de 103.265 dólares a las empresas que patrocinen nuevos visados H-1B para profesionales extranjeros. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca formalizar la norma tras el bloqueo judicial de un cobro previo de 100.000 dólares.
De acuerdo con el proyecto publicado en el Registro Federal, el cobro se aplicará a todas las peticiones sujetas al límite anual de 85.000 visas —incluidos los 20.000 cupos destinados a posgrados— y abarcará las contrataciones realizadas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. La tasa no afectará a las renovaciones ni a los extranjeros que se encuentren en el país con visado de estudiante, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.
El DHS prevé recaudar 8.800 millones de dólares anuales. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), estos fondos servirán para autofinanciar la gestión del sistema migratorio, cubriendo operaciones de los tribunales de inmigración y de agencias como el ICE. Funcionarios y defensores de la medida, como el vicepresidente JD Vance, aseguran que la norma protegerá el mercado laboral local al incentivar a las corporaciones a capacitar y contratar mano de obra estadounidense.
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Sin embargo, el sector empresarial ha reaccionado con firmeza. La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que el costo resultará prohibitivo para pequeñas empresas y startups. Diversas organizaciones empresariales, sindicatos y varios estados preparan acciones legales contra la norma, la cual podría tardar meses en implementarse si se concreta su aprobación a finales de año.


































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