La comunidad católica en Baltimore, Estados Unidos, quedó desconcertada cuando le notificaron que existían denuncias por abuso infantil contra el sacerdote colombiano Fernando Cristancho, quien oficiaba misas en las parroquias El Buen Pastor y San Ignacio.
La sorpresa fue mayor cuando en octubre de 2017, su arquidiócesis le confirmó que acababa de ser arrestado por porte y producción de pornografía infantil. Además, que en 2002 se enteraron que había engendrado trillizos con una mujer a través de fertilización ‘in vitro’ y que un tribunal lo acusó de abusar de dos de ellos. Por eso, desde ese año estaba expulsado de la iglesia refiere un trabajo de la unidad de investigación del diario El Tiempo de Colombia.
Cristancho, ordenado en la Diócesis de Istmina-Tado (Chocó), es solo uno de los 12 sacerdotes colombianos encontrados por el rotativo colombiano en las listas negras de casos creíbles de abusadores sexuales que vienen elaborando arquidiócesis y diócesis en Estados Unidos, luego de que el Vaticano decidió enfrentar el escándalo de pederastia que lo sacude, al igual que a congregaciones como la de los franciscanos, dominicos, capuchinos y jesuitas.
A esa docena de nombres se une otra, también de colombianos, que no aparecen oficialmente registrados por estar aún bajo investigación, haber sido judicializados cuando ya los habían retirado, o por haber pagado millonarias indemnizaciones a sus víctimas.
En cualquier caso, la cifra de 24 sacerdotes colombianos implicados en escándalos de abusos y pederastia llama la atención si se tiene en cuenta que la Iglesia Católica del país suramericano apenas está comenzando a investigar en un franco rezago frente a sus pares en el exterior.
Según fuentes oficiales, se están documentando en Bogotá al menos 12 casos y cerca de 100 en el resto del país. Pero autoridades eclesiásticas admiten que solo empezarán a consolidar y depurar cifras de victimarios y víctimas en la próxima Conferencia Episcopal a celebrarse en julio del presente año.
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Ya hay intercambio de información con otros países para ubicar casos de trashumancia clerical de posibles abusadores.
El fenómeno, que incluso el FBI ya empezó a indagar, se registra cuando curas denunciados en Colombia son enviados o salen voluntariamente a diócesis y arquidiócesis en el extranjero sin aclarar denuncias locales.
Allí clasificaría el sacerdote Jesús Suárez, señalado de abusar de al menos dos mujeres y embarazarlas, lo que ya le costó su suspensión en Texas, una inminente denuncia en la Fiscalía y la solicitud de que lo incluyan en la lista.
También encaja el sacerdote Efraín Rozo, que aparece en la lista de abusadores de Los Ángeles. Pero volvió a Colombia y fue declarado inocente por el Tribunal Eclesiástico de Bogotá, porque las acusaciones locales prescribieron y dijo haber sido presionado.
El rastreo
En el rastreo hecho por el diario colombiano surgió también el nombre de Mario Arbeláez Olarte, de 60 años, enlistado en diciembre de 2018 por la diócesis de Salt Lake City.
Fue capturado en Utah cuando era sacerdote asistente en la iglesia de San José y un policía encubierto lo sorprendió seduciendo a un niño en un chat gay. Pese a la evidencia, llegó a un acuerdo con la Fiscalía que contempló su deportación hacia Colombia, llevando aún la sotana. El rastro más fresco sobre él data de 2006, cuando fue expulsado de la Iglesia tras haber ejercido el sacerdocio al menos tres años más.
Otro deportado es Kelvin Iguabita Rodríguez, vinculado a la arquidiócesis de Boston. El colombiano fue sentenciado a 14 años por abusar de una niña de 15 años, en la rectoría de la iglesia de Todos los Santos. En 2015 ya estaba libre, pero le surgió otro caso de asalto sexual. Según los abogados de la nueva víctima, tras la expulsión de Iguabita a Colombia, este habría viajado a Honduras, bajo otra identidad.
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También hay colombianos en los archivos de las diócesis de Brooklyn y de Texas. Tres de ellos son el paisa Flover Antonio Osorio, Gustavo de Jesús Cuello y Hugo Bedoya.
A Bedoya se lo acusó de abusar de niños en la rectoría del colegio The Fourteen Holy Marthyr, en Brooklyn. Sus víctimas decían que pedía revisarles los genitales, bajo el pretexto de corroborar su pureza. En cuanto a Flover Osorio, de 65 años, se estableció que se ordenó en la diócesis de Villavicencio (Meta) y que, por razones que se desconocen, pidió su traslado a la de Corpus Christi (Texas). Tras denuncias de abuso, fue removido del ministerio en 2007.
Por esa misma época se conoció el caso de Gustavo de Jesús Cuello. Este llegó desde Colombia a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Texas, y fue arrestado por abusar de una niña de 13 años. Quedó libre bajo fianza y huyó del país. Luego, fue capturado en Ecuador y extraditado a Estados Unidos, donde hoy cumple cadena perpetua.
La Diócesis de San Diego y San Bernardino le reservó un lugar en su lista al caleño Luis Eugenio de Francisco. Su caso se intentó conjurar bajo la condición de que regresara a Colombia, en un acuerdo confidencial con la Arquidiócesis de Cali.
En la información que maneja la Diócesis de Charleston, Carolina del Sur, figura Juan Carlos Castaño Mejía, otro de los sacerdotes que habría terminado deportado tras señalamientos.
Y aunque no ha oficializado su listado, la Diócesis de Yakima, estado de Washington, tiene en sus registros de abusos creíbles a José Joaquín Estrada. Este se declaró culpable en 2003, y fue deportado a Colombia.
En el último lugar está Juan Carlos Durán, franciscano, expulsado de esa orden por abusar de un niño en un orfanato de Bolivia. Luego, entró a la orden de los dominicos que conocían sus antecedentes pero no se lo dijeron a la Diócesis Católica de Memphis, en donde abusó de un niño, en 1999.
El epílogo de esa historia, según reseña el diario El Tiempo, es que esa diócesis y los franciscanos terminaron pagando 2 millones de dólares tras una demanda del niño violado, que ya es un hombre.
Pero en Colombia esta es apenas la génesis de una batalla de la Iglesia, autoridades y víctimas por la verdad. Ya se habilitó un protocolo para recoger denuncias y el resto de la estrategia se sabrá después de la cita de altos prelados en la Conferencia Episcopal de julio.
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