Durante el transcurso de 2026, al menos 23 estados en Estados Unidos evaluaron proyectos legislativos destinados a regular el ingreso y la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los centros educativos públicos de nivel primario y secundario según u reporte publicado por el Diario La República.
De ese total, doce iniciativas lograron convertirse en ley antes del inicio del año lectivo, estableciendo protocolos claros sobre cómo deben responder las instituciones educativas y qué datos pueden compartir con las autoridades federales.
Entre las jurisdicciones que implementaron estas normativas destaca Massachusetts, que promulgó en agosto una legislación para impedir arrestos migratorios de carácter civil dentro de escuelas públicas, chárter y vocacionales sin una orden judicial previa. Esta disposición obliga además a los planteles a designar personal responsable y a diferenciar entre mandatos judiciales y órdenes administrativas.
Por su parte, Oregon aprobó normativas enfocadas en la capacitación institucional y la emisión de avisos en distritos escolares y centros de educación superior, mientras que Vermont estableció estrictas reglas de privacidad y exigió órdenes judiciales para acceder a zonas escolares restringidas.
De acuerdo con la información difundida por Diario La República, el fallo de la Corte Suprema garantiza el derecho a la educación pública de todos los menores sin importar su estatus migratorio.
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Ante este panorama, organizaciones civiles recomiendan a las familias conocer los protocolos escritos de cada distrito escolar, resguardar la información de contacto de los planteles y evitar proporcionar datos migratorios innecesarios durante los procesos de inscripción.





































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