El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción a nivel nacional este sábado 20 de junio y ordenó la movilización de la policía y las Fuerzas Armadas. La medida responde a más de seis semanas de intensas protestas y bloqueos de carreteras liderados por indígenas aimaras y campesinos afines al exmandatario Evo Morales, quienes exigen la dimisión del jefe de Estado.
A través de un mensaje transmitido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno, Paz justificó la severa medida asegurando que el país enfrenta “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”. El decreto tendrá una vigencia máxima de 90 días y deberá ser ratificado por el Congreso en las próximas horas.
El pacto con la COB que no logró frenar el conflicto
El anuncio presidencial llega apenas un día después de que el gobierno de centroderecha lograra un acuerdo clave con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país. El máximo líder del sindicato, Mario Argollo, había anunciado el levantamiento de las medidas de presión tras pactar mesas de trabajo.
Entre los compromisos asumidos por la administración de Rodrigo Paz con la COB destacan:
-Evaluar la liberación de más de un centenar de detenidos durante las marchas.
-Garantizar que no se privatizarán las empresas del Estado.
Pese al optimismo inicial del presidente, quien afirmó que “el diálogo es más fuerte que la propia fuerza”, el pacto fue calificado como una “traición” por las facciones más radicales.
Indígenas y cocaleros radicalizan los bloqueos de carreteras
La Federación Túpac Katari y los sectores cocaleros leales a Evo Morales rechazaron el convenio de inmediato. El dirigente campesino Antonio Mallku confirmó a la cadena Unitel que se determinó “radicalizar los piquetes de huelgas de carreteras”, manteniendo cerca de medio centenar de cortes de ruta activos en todo el territorio.
El origen de la crisis: Las movilizaciones comenzaron a principios de mayo debido a la crisis económica más grave que sufre Bolivia en cuatro décadas y el rechazo generalizado a la venta de gasolina de mala calidad. Con el paso de los días, las demandas mutaron en la exigencia de la renuncia presidencial.
Ciudades principales como La Paz y El Alto sufren una fuerte carestía de alimentos, medicinas y combustibles debido al cerco de las rutas y a los constantes enfrentamientos con las fuerzas policiales.
La sombra de Evo Morales sobre las movilizaciones
El gobierno de Rodrigo Paz, que asumió el poder en noviembre rompiendo con dos décadas de gestiones de izquierda, acusa directamente a Evo Morales de financiar y promover las protestas con dinero del narcotráfico, aunque no se han presentado pruebas formales.
Actualmente, Morales se encuentra oculto en la región cocalera del Chapare para eludir una orden de aprehensión por un caso de trata de menores, cargos que el exmandatario niega rotundamente, al igual que sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas.
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Con la activación del estado de excepción, los ministerios de Gobierno y Defensa emitirán resoluciones conjuntas para restringir los derechos de circulación, locomoción y reunión en las zonas de mayor conflicto para intentar restablecer el libre tránsito.
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