En enero del año pasado la Comisión de Miami-Dade sancionó una medida que permitió la instalación de cámaras de vigilancia en zonas escolares y ya para septiembre de 2024 varios distritos escolares comenzaron a utilizar el mismo sistema.
El propósito primordial de dicha ley de “aplicación de los límites de velocidad en zonas escolares” (HB 657), es aplicar multas automáticas a los conductores imprudentes, concretamente cuando se desplacen por encima del parámetro establecido en estas zonas.
En la actualidad las cámaras de velocidad en zonas escolares se han transformado en una herramienta fundamental para mejorar la seguridad de los niños en el sur de Florida, y al mismo tiempo es una medida que está generando ingresos económicos a las ciudades.
En poco tiempo este sistema, que funciona de manera parecida a las cámaras de semáforo en rojo, recaudó más de un millón de dólares. No obstante, la implementación de esta tecnología ha generado opiniones divididas entre ciudadanos y funcionarios locales.
Los dispositivos fueron instalados en variados puntos estratégicos de South Miami, que incluye Ludlam Road y Sunset Drive, justo en la parte externa de la Escuela Primaria Ludlam. Con la implementación de esta medida las autoridades esperan contribuir con la prevención de accidentes y a crear conciencia en los conductores sobre la importancia de reducir la velocidad en las zonas escolares.
Pese a las advertencias y a la presencia de agentes de tránsito, un estudio reveló que el 64% de los conductores continúan excediendo los límites de velocidad en zonas escolares, lo que significa que, si bien es cierto que la medida se traduce en mayores ingresos para las ciudades, también refuerza la teoría de que se necesitan controles adicionales.
Fondos dirigidos a la seguridad
Un gran porcentaje de los fondos recaudados mediante las multas están orientados a programas de seguridad pública y a la contratación de guardias de cruce en zonas escolares. También, una porción del dinero recaudado se distribuye entre el estado, el condado y la empresa privada RedSpeed USA que es la responsable de operar el sistema.
Este modelo de financiamiento ha sido cuestionado por algunos funcionarios que consideran que la medida podría tener un propósito de tipo más recaudatorio que preventivo. Mientras que los residentes de las áreas involucradas tienen sus opiniones divididas, unos a favor y otros en contra.
La cuestión es que algunos lo ven como una medida necesaria para la seguridad infantil, pero otros consideran que se trata de una estrategia de recaudación disfrazada de protección pública.
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El programa de cámaras de velocidad en zonas escolares fue aprobado por la legislatura estatal y opera con un sistema automatizado que detecta a los conductores que exceden los límites de velocidad permitidos. Si un vehículo circula 10 mph por encima del límite, el conductor recibirá por correo una multa de cien dólares.
Esta sanción es de carácter civil, es decir que no afecta el historial de tránsito ni el seguro del infractor, lo que podría considerarse como un motivo por el que se siguen emitiendo tantas multas.
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