Una jueza federal en Texas recomendó la liberación de una familia egipcia que ha permanecido detenida durante casi un año en el centro de detención de Dilley, el único que sigue activo en Estados Unidos para familias migrantes. La magistrada de instrucción Elizabeth Chestney, del Distrito Oeste de Texas, concluyó que debe concederse el recurso de habeas corpus solicitado por Hayam El-Gamal y sus cinco hijos, quienes se encuentran bajo custodia desde junio del año pasado.
El caso sería revisado en días posteriores al encargo por el juez federal Fred Biery, quien evaluará dicha recomendación judicial junto con los argumentos presentados por los abogados defensores y el Gobierno. La familia llegó a Estados Unidos en 2022 y mantiene una solicitud de asilo pendiente en medio de un proceso marcado por decisiones contradictorias y prolongados periodos de detención.
El esposo de Hayam, Mohamed Sabry Soliman, fue arrestado en 2025 acusado de participar en un ataque contra asistentes a una manifestación pro-Israel en Colorado. Sin embargo, tanto la mujer como su equipo legal sostienen que ella y sus hijos desconocían los planes del hombre, afirmación que fue respaldada por un agente del FBI ante un tribunal federal. Tras la detención de su esposo, Hayam inició un proceso de divorcio.
A pesar de que un juez de migración concedió en septiembre la libertad bajo fianza a la familia, el Departamento de Seguridad Nacional apeló la decisión, prolongando su permanencia en el centro. En febrero, la defensa presentó un habeas corpus argumentando violaciones al debido proceso, lo que derivó en la reciente recomendación judicial.
La jueza Chestney destacó en su resolución que la privación de libertad ha sido “considerable” y advirtió sobre los efectos negativos de la detención en menores. Subrayó que cada día adicional bajo custodia incrementa el riesgo de daños psicológicos y físicos duraderos, especialmente en contextos prolongados como el presente caso.
La familia está compuesta por cinco menores y jóvenes, incluidos dos gemelos de cinco años. La hija mayor, de 18 años, fue separada del resto dentro del centro, lo que los abogados consideran una represalia por haber ofrecido declaraciones a medios de comunicación.
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Asimismo, la magistrada consideró “incuestionable” que la familia ha sido señalada por las autoridades debido a los actos del padre, pese a la falta de evidencia que los vincule con el delito. Durante este tiempo, también se han reportado denuncias por condiciones inadecuadas y falta de atención médica en Dilley, un centro que ha sido objeto de críticas por organizaciones civiles y legisladores.
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