Un juez federal rechazó el miércoles la solicitud del gobierno de Trump de obligar a California a suspender el escrutinio de 20.000 papeletas pertenecientes a personas a las que acusa de ser extranjeras, durante las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
El caso ha causado un gran revuelo en Estados Unidos y representa un enésimo intento de Donald Trump de sembrar dudas sobre los resultados de las urnas.
En mala posición en las encuestas, el multimillonario corre el riesgo de perder su mayoría en el Congreso.
“Están en juego derechos constitucionales y nuestra democracia”, escribió el juez David O. Carter en su decisión.
Subrayó que las personas inscritas en los censos electorales de California “no deben ser privadas de un derecho fundamental a causa de acusaciones infundadas procedentes de un procedimiento lastrado por la incertidumbre y los errores”.
Desde hace meses, el presidente —que nunca ha reconocido su derrota frente a Joe Biden en 2020— asegura, sin pruebas, que habrá fraude en las elecciones legislativas.
Acusa especialmente a algunos estados demócratas de manipular sus resultados al permitir que voten personas que no son estadounidenses.
Se trata de una obsesión de larga data, repetida a pesar de los estudios que muestran que, aunque existen casos muy aislados, estos errores son anecdóticos y no influyen en los resultados.
El miércoles, el juez se negó a ordenar la incautación previa de las 20.000 papeletas cuestionadas por el gobierno federal en California, a solo unos días de los comicios del 3 de noviembre.
El gobierno había acusado inicialmente este verano a California de tener 190.000 votantes “ilegales” en sus registros.
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Hace poco revisó esta cifra y la situó en 20.000, y presentó un recurso judicial de urgencia hace unos diez días, cuando las operaciones de voto ya habían comenzado. En Estados Unidos, los electores pueden votar anticipadamente y por correo.
El juez Carter consideró que las acciones del gobierno “dan muestra de un amplio intento de injerencia electoral”.
Si algunos de los 20.000 electores cuya nacionalidad se cuestiona en California no son realmente estadounidenses, “existe un remedio claro”, estimó.
El gobierno puede “procesar penalmente a las personas” una por una, “como ha hecho histórica y recientemente”.
El miércoles por la noche, el fiscal federal adjunto Bill Essayli anunció que recurrirá de inmediato.
Por: AFP
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