Denis Caldeira se siente en un “limbo” legal desde que la Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump a revocar el estatus migratorio que era protección para él y otros 350.000 migrantes venezolanos.
“Hay que salir a trabajar. No me puedo quedar encerrado en casa. Obviamente siento miedo, pero no hay nada que pueda hacer”, dice en Doral, una ciudad cercana a Miami donde más del 40% de los habitantes son originarios de Venezuela.
Caldeira, de 47 años, es beneficiario del estatus de protección temporal (TPS), que ampara a cientos de miles de venezolanos y que fue ampliamente concedido por el expresidente demócrata Joe Biden, que consideraba autoritario al gobierno de Nicolás Maduro.
Antes de abandonar el poder en enero, Biden había decidido ampliar esa protección por 18 meses desde primeros de abril. Pero la administración de Trump, al que muchos venezolanos-estadounidenses apoyaron en las pasadas elecciones, decidió anular la extensión del TPS.
“Desde que empezó su mandato, hubo como una especie de persecución hacia los venezolanos en particular”, lamenta Caldeira desde El Arepazo, un restaurante venezolano muy popular en Doral.
A su alrededor, muchos no entienden que el gobierno de Trump, que tiene un club de golf en la ciudad, haya sumado a los venezolanos a su campaña contra la migración irregular.
“La mayoría de los venezolanos-estadounidenses votaron pensando que (Trump) iba a tener una postura mucho más frontal en contra del régimen de Maduro, que lo iba a sacar del poder, no que iba a terminar sacando a los venezolanos de Estados Unidos”, dice José Antonio Colina, presidente de una organización de exiliados del país sudamericano.
“Hay una profunda contradicción porque, si los servicios de inteligencia estadounidenses han evaluado que Venezuela es un país donde no se respetan los derechos humanos, ¿cómo puede mandar allá a miles personas que vinieron precisamente por persecución política?”, se pregunta.
Maduro, precisamente, se expresó sobre la decisión de Washington. “Rechazo y repudio el retiro del TPS como protección social a la migración venezolana; migrar no es delito, quitarle el TPS sí es un delito”, estimó.
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Un futuro en el aire
Keyla Méndez no forma parte de los venezolanos cuyo TPS caducó en abril. Su cobertura legal se extiende hasta agosto, pero, tras la decisión de la Corte Suprema, el futuro es angustioso.
“Hemos formado una familia aquí, hemos progresado, hemos creado un vínculo”, dice esta mujer de 55 años, empleada en un estudio de abogados. “Mis hijos están estudiando, quieren un futuro aquí. Tienen miedo de volver. Hemos migrado de una situación bien crítica que vive nuestro país”.
Para la mayoría de los entrevistados lo difícil es pensar en dejar atrás un país en el que han encontrado refugio, pero donde también han realizado un gran esfuerzo para prosperar.
“Esperábamos que todo este proceso de limpieza (sic) fuera contra las personas que lo merecían no contra todos nosotros”, dice Oli García, dueña de una imprenta en Doral, una ciudad apodada “Doralzuela” por el peso de la comunidad venezolana.
“Nosotros hemos aportado muchísimo. Quiero más empresas y quiero crecer más, quiero tener una sucursal”, explica esta mujer de 42 años. “Pero ahorita no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, no sé si de verdad voy a terminar creciendo aquí o al final voy a tener que irme”.
Por: AFP
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