El gobierno de Estados Unidos ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender de manera inmediata la mayoría de sus paradas vehiculares en todo el país. La drástica medida se tomó tras la muerte de dos inmigrantes (un mexicano y un colombiano) a manos de agentes federales en menos de una semana, incidentes que han reavivado el severo escrutinio sobre las tácticas operativas de la agencia de seguridad.
De acuerdo con fuentes cercanas a la decisión, la nueva directriz establece excepciones limitadas. Los agentes solo podrán realizar detenciones de tráfico cuando ejecuten una orden de arresto penal específica o cuando colaboren directamente en operativos conjuntos con otras fuerzas del orden locales.
La suspensión se desencadenó tras una serie de sucesos violentos. El lunes 13 de julio, un agente del ICE mató a disparos al ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, en Maine. Apenas una semana antes, otro oficial abatió a un automovilista mexicano en la ciudad de Houston, Texas. A estos hechos se sumó un tercer deceso el martes en Florida, donde un joven mexicano de 28 años falleció atropellado por un camión de carga mientras intentaba huir a pie de los agentes de inmigración.
La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que el oficial en Maine disparó “temiendo por la seguridad pública” luego de que el conductor intentara huir durante una vigilancia residencial. No obstante, el senador por Maine, Angus King, ofreció detalles contradictorios provistos por el secretario del DHS, Markwayne Mullin, indicando que los agentes buscaban ejecutar una orden de arresto contra otra persona, no contra Durán Guerrero, quien presuntamente intentó usar su vehículo como un arma.
La respuesta comunitaria y política no se hizo esperar. Cientos de manifestantes se congregaron el martes frente a un centro de detención del ICE en Scarborough, Maine, para exigir justicia por la muerte de Durán Guerrero. Paralelamente, la delegación legislativa de dicho estado exigió formalmente una investigación integral, transparente y expedita sobre los hechos.
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Esta crisis ocurre en un contexto de alta tensión para el ICE, cuyas operaciones ya habían sido fuertemente criticadas a principios de este año tras el fallecimiento de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good en encuentros con agentes federales. Con esta nueva orden, el gobierno busca mitigar la creciente indignación pública y frenar el uso desproporcionado de la fuerza en controles viales.
La muerte de Durán Guerrero representa al menos la novena ocasión en que agentes del ICE utilizan fuerza letal desde que Trump inició su ofensiva migratoria el año pasado.
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