El gobierno de Florida liderado por el gobernador Ron DeSantis, ha presentado un plan migratorio a la Casa Blanca, en el que plantea utilizar a militares de la Guardia Nacional del llamado “estado del sol” como jueces para deportar inmigrantes sin la documentación requerida y además, que la Patrulla de Carreteras floridana ejecute sus propias redadas migratorias.
La propuesta del gobernador republicano solicitó autorización al Gobierno de Donald Trump para usar como corregidores migratorios a los miembros del Cuerpo de Abogados Generales, una rama de la justicia militar, de la Guardia Nacional de Florida para “ayudar a agilizar el procesamiento legal de inmigración”.
Ron DeSantis también expone en la solicitud que cien agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) ya asumieron como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals mediante el acuerdo 287(g), mediante el cual podrán ejecutar órdenes judiciales federales y “remover a extranjeros criminales peligrosos”.
“Lo que tenemos ahora con la Patrulla de Carreteras de Florida es que ellos pueden realizar operativos migratorios de manera completamente independiente al Gobierno federal, y no hay nadie más en el país que esté haciendo eso”, dijo el mandatario floridano en el marco de una conferencia de prensa realizada en días pasados en Tampa donde se refirió a los militares.
Como ejemplo de los expuesto, DeSantis citó la Operación “Tidal Wave” (Maremoto), el mayor operativo migratorio de la historia realizado en un solo estado de Estados Unidos, con un récord de 1.120 inmigrantes irregulares arrestados entre el 21 y el 26 de abril en Florida, donde actuaron de forma conjunta militares, siete agencias locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) federal.
“La Operación Tidal Wave fue un cuerpo especial modelo donde estuvieron trabajando en conjunto estos agentes ahora en la Patrulla de Carreteras de Florida, ellos pueden hacer operaciones, pueden detener a ilegales, y pueden hacer todo lo que un agente de inmigración haría hasta el punto en el que los procesan para su deportación”, detalló el gobernador.
El mandatario informó sobre el plan que entregó al Gobierno Federal para contribuir con nuevos centros de detención de migrantes y expandir los arrestos. Asimismo, dijo que con ello “Florida será el líder en la lucha para aplicar la ley inmigratoria”.
Una aplicación férrea
Uno de cada cinco residentes de Florida es inmigrante. Se trata de un estado donde habitas aproximadamente cinco millones de personas nacidas en el extranjero, según datos de la organización American Immigration Council.
Sin embargo, este estado sureño ha sido líder en la aplicación de la política migratoria de Trump, pues DeSantis ha aprobado leyes estatales que prohíben las ciudades santuario e imponen multas de hasta 5.000 dólares y suspenden o destituyen a funcionarios que incumplan estas disposiciones.
Como resultado de la aplicación de dichas políticas migratorias, más de cien agencias gubernamentales y todos los condados en Florida han firmado acuerdos 287(g), además de varias decenas de ciudades, como Coral Gables, Hialeah, Miami Springs, West Miami, Key West, Orlando y Doral.
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La Delegación de Autoridad Migratoria Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza al ICE a delegarles a oficiales del orden público estatal y local la autoridad de realizar funciones específicas de oficiales de inmigración bajo la dirección y supervisión de la agencia.
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