Lo que en febrero parecía apenas una idea, hoy avanza con pasos firmes en el debate político de Florida. El gobernador Ron DeSantis trabaja junto a legisladores estatales en una propuesta para reducir o incluso eliminar por completo el impuesto a la propiedad, uno de los pilares del financiamiento de servicios locales. La medida, de aprobarse, se sometería a votación mediante una enmienda constitucional en las elecciones de noviembre de 2026.
Florida se caracteriza por su política fiscal favorable a los residentes; es uno de los nueve estados del país que no cobra impuestos estatales sobre la renta. Esta condición ha convertido al estado en un destino atractivo para quienes buscan alivio fiscal. Sin embargo, los impuestos a la propiedad representan una fuente clave de ingresos para financiar la educación pública, la seguridad ciudadana y proyectos de infraestructura.
En los últimos años, el incremento sostenido en los precios de la vivienda intensificó el debate. Muchos propietarios vieron cómo el valor de sus casas se duplicaba o incluso triplicaba, lo que se tradujo en un aumento automático de los impuestos, aun cuando no hubieran vendido la propiedad.
“Alguien que compró una casa por 300.000 dólares hace diez años puede ver hoy un valor de 750.000 dólares, y su impuesto sube aunque no haya vendido la propiedad”, ejemplificó DeSantis en una conferencia de prensa en Tampa.
El gobernador considera que esta situación genera una carga injusta para las familias, especialmente aquellas que residen de forma permanente en sus viviendas, frente a inversionistas que buscan aprovechar la valorización del mercado.
Durante la conferencia, DeSantis explicó que la idea ya cuenta con respaldo en ambas cámaras legislativas y que el siguiente paso es concretar un texto de enmienda constitucional. Para ser aprobada, la medida deberá superar la exigencia de al menos un 60% de apoyo popular en las urnas.
El plan se centra en brindar alivio a los propietarios de residencias principales. El gobernador también subrayó que se realizarán auditorías de eficiencia para revisar el gasto de los gobiernos locales, argumentando que, a pesar del incremento en la recaudación por impuestos, los beneficios no siempre retornan a los contribuyentes.
Preocupaciones sobre el financiamiento público
A pesar del entusiasmo de los simpatizantes, surgen dudas sobre cómo se cubrirán los ingresos perdidos si se elimina el impuesto a la propiedad. Actualmente, este gravamen financia buena parte de los presupuestos municipales y de los distritos escolares. La incertidumbre sobre la sostenibilidad de programas esenciales de educación, seguridad e infraestructura es una de las principales inquietudes de críticos y expertos.
Analistas fiscales señalan que, sin este ingreso, los gobiernos locales podrían recurrir a otras fuentes de financiamiento, como aumentar tarifas por servicios o depender de transferencias estatales. Sin embargo, no se ha detallado un plan alternativo que asegure la continuidad de los programas públicos.
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La iniciativa de DeSantis está aún en fase de diseño y enfrenta obstáculos legales y políticos. Más allá del apoyo inicial en el Congreso estatal, la clave será convencer a los votantes de que la eliminación del impuesto no afectará negativamente a los servicios básicos.
El gobernador, no obstante, se muestra optimista. “Nuestra intención es construir una propuesta concreta que pueda alcanzar el umbral requerido y beneficiar a los residentes de Florida”, afirmó.
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