El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó esta semana la orden de ejecución de James Dailey, un hombre que en 1985 asesinó con un cuchillo a Shelly Boggio una adolescente de 14 años de edad, cuyo cadáver fue localizado desnudo flotando en el agua.
DeSantis fijó como fecha de la ejecución el día jueves 7 de noviembre del presente año. Dailey de 73 años de edad, fue sentenciado a la pena capital en 1985 por la muerte de Boggio ocurrida en el condado de Pinellas, en el oeste del estado de Florida.
Tal como informó la oficina del gobernador, el 5 de mayo de ese año, Dailey junto con Jack Pearcy y Dwaine Shaw recogieron a la víctima y a su hermana gemela, ambas de 14 años, que estaban pidiendo un “aventón” cerca de la ciudad de St.Petersburg.
Según el expediente del caso, tras de una noche ingiriendo licor, Dailey y Pearcy llevaron a Shelly Boggio a una desértica área de pesca y varias horas después el cuerpo de la menor fue hallado desnudo y con múltiples cortes, y su ropa interior fue encontrada cerca de un charco de sangre.
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“La autopsia reveló que había sido apuñalada y ahogada”, agregó la oficina del gobernador.
Pearcy, hoy de 64 años de edad y quien cumple una sentencia de cadena perpetua, confesó a la Policía que Dailey apuñaló a la víctima y luego la arrastró hacia el agua donde la sujetó hasta ahogarla.
Según documentos de la corte el asesinato tuvo como motivación un ataque sexual.
El sentenciado, que se convertiría en el ejecutado número cien en el estado de Florida desde que en 1976 el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte en Estados Unidos, ha peleado en la corte su condena durante unos 30 años, según ha informado la oficina del gobernador.
En caso de no prosperar la apelación presentada en la Corte Suprema de Florida por la defensa del sentenciado, y en la que en ese caso, se prevé que se presente en la Suprema Federal, James Dailey se convertirá en el tercer reo ejecutado desde que en enero pasado el republicano DeSantis asumió el gobierno de este estado.
Los otros dos ejecutados fueron Gary Ray Bowles, que recibió la inyección letal en agosto pasado, y Bobby Joe Long, quien fue ejecutado en mayo de este año.
La orden del gobernador de Florida, firmada el jueves 26 de septiembre, ocurrió el mismo día en que el estado sureño de Texas ejecutó a Robert Sparks, quien fue condenado a muerte por haber asesinado a su mujer y a sus dos hijastros, y que violó también a sus hijastras. Esta fue la séptima ejecución ocurrida en Texas en 2019 y la número 16 en todo el país.
Desde 1976, han sido ejecutadas 1.506 personas en Estados Unidos.
La pena capital en Estados Unidos es legal en 29 estados. Su aplicación está limitada por la Octava Enmienda a la Constitución a homicidios agravados por adultos mentalmente competentes.
Hasta agosto de 2019, 21 de los 50 estados del país norteamericano habían abolido la pena de muerte, mientras que 29 la conservaban, al menos formalmente, aunque hay 11 estados en los que existe una moratoria o no se ha aplicado en la práctica desde hace más de 10 años.
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