El estado de Florida notificó que apelará una sentencia de una jueza que se negó a suspender dos medidas migratorias “provisionales” del presidente Joe Biden, orientadas a parar las deportaciones masivas con el propósito de dar prioridad a aquellos detenidos que representen una amenaza para la seguridad nacional, como lo son los condenados por delitos graves.
La fiscal general Ashley Moodyinformó que presentará la apelación por considerar que las directrices amenazan la seguridad pública y violan las leyes federales migratorias según reseñan agencias internacionales de noticias.
Moody presentó la demanda judicial en marzo del presente año a nombre de la administración de Florida encabezada por el gobernador Ron DeSantis, en contra de la Administración Biden.
No obstante, la jueza federal del Distrito Central de Florida, Charlene Edwards Honeywell, decidió el pasado martes 18 de mayo que las medidas no están sujetas a revisión judicial ya que son provisionales y “claramente, las políticas provisionales son un trabajo en progreso”.
“Las pautas son solo eso, no son estatutos y no tienen rango de ley ya que constituyen una priorización y no una prohibición de ejecución“, apuntó la jueza.
“Aquí, el Gobierno de Florida simplemente no está de acuerdo con las decisiones tomadas por la Administración Biden en cuanto a las prioridades”, aclaró la magistrada.
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Mientras, la fiscal Moody dijo que presentará la apelación ante la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito con sede en Atlanta, Georgia, pero no detalló los argumentos.
La demanda de la fiscal general Ashley Moody cuestiona que el gobierno Joe Biden pretende suspender “los arrestos y deportaciones de ciertos criminales que están en el país ilegalmente, muchos de ellos violentos o condenados por cargos de tráfico de drogas”.
“La política imprudente de la administración Biden de negarse a hacer su trabajo y deportar criminales pone en riesgo todos esos logros y la seguridad pública de los floridanos”, comentó la fiscal el día que presentó la demanda en marzo pasado.
Joe Biden, quien asumió la Presidencia el 20 de enero de este año, ha revocado muchas de las políticas de inmigración de su predecesor Donald Trump, entre las que destaca la orden en enero de una moratoria de 100 días en ciertas deportaciones, medida que fue bloqueada por un juez federal luego de una demanda de las autoridades de Texas.
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