Las autoridades de Florida evalúan la posibilidad de presentar cargos criminales estatales contra Nicolás Maduro, a quien el gobernador Ron DeSantis acusa de haber facilitado la llegada de drogas y miembros de organizaciones criminales al estado. La iniciativa, confirmada por el propio mandatario, se encuentra en una etapa de análisis jurídico encabezada por la oficina del fiscal general, James Uthmeier, y podría abrir un proceso paralelo al que el exgobernante venezolano enfrenta en el ámbito federal en New York.
De acuerdo con DeSantis, la eventual acusación se sustenta en leyes estatales de Florida consideradas “robustas” en materia de narcóticos y crimen organizado. Entre las figuras legales que se analizan se incluyen cargos por tráfico agravado de cocaína, lavado de dinero e importación criminal, algunos de los cuales contemplan penas severas, incluida la pena capital, según el marco legal vigente en el estado.
El gobernador sostuvo que Maduro habría tenido un rol directo en la expansión del narcotráfico con destino a Estados Unidos y, particularmente, a Florida. En declaraciones públicas, afirmó que durante su mandato en Venezuela se produjo la liberación de reclusos que posteriormente cruzaron la frontera estadounidense y se asentaron en distintos estados, entre ellos Florida. Entre los señalados se encuentran presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, organización que ha sido vinculada a delitos violentos y actividades ilícitas transnacionales.
“Él vació sus prisiones y los mandó a Estados Unidos, y algunos terminaron en Florida”, expresó DeSantis, quien calificó estas acciones como “un acto muy hostil”. El gobernador agregó que residentes del estado han sido víctimas de delitos atribuidos a miembros de esa pandilla, lo que refuerza, a su juicio, la necesidad de avanzar con acciones judiciales a nivel estatal.
Cargos estatales serían independientes del caso federal
La posible denuncia en Florida se sumaría al proceso federal que Maduro enfrenta en New York, donde él y su esposa, Cilia Flores, comparecieron recientemente tras ser arrestados en un operativo de fuerzas estadounidenses en Caracas. En ese expediente, el exmandatario venezolano es acusado de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y uso de artefactos destructivos, cargos de los que se ha declarado inocente. Incluso, llegó a definirse como “prisionero de guerra” ante el tribunal.
DeSantis subrayó que los eventuales cargos estatales serían independientes del caso federal y seguirían un curso judicial distinto. “Es a través de la oficina del fiscal general que se pueden presentar estas cosas”, explicó, al remarcar que Florida tiene competencia para actuar si se determina que los delitos tuvieron impacto directo en el estado.
El contexto político y social también juega un papel relevante. Florida alberga la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos, una comunidad que, según el gobernador, ha sufrido las consecuencias del gobierno chavista. En ese sentido, DeSantis celebró la captura de Maduro y afirmó que en el sur del estado existe una población numerosa que “padeció el yugo” de la ideología impulsada por el exgobernante y su antecesor, Hugo Chávez.
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En paralelo, ciudadanos estadounidenses reactivaron en Miami una demanda civil contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, incluida Delcy Rodríguez, actual mandataria encargada, a quienes acusan de delitos como secuestro, tortura y terrorismo. Mientras avanza el análisis legal, Florida mantiene abierta la puerta a convertirse en un nuevo frente judicial contra el exlíder venezolano, con implicaciones políticas y legales de alcance internacional.
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