En una decisión que representa un fuerte respaldo a la política migratoria de la Casa Blanca, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos autorizó este martes al Gobierno del presidente Donald Trump a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo el territorio nacional. La medida amplía de forma drástica un mecanismo que, en su origen, estaba reservado de manera casi exclusiva para los extranjeros indocumentados que eran detenidos al momento de cruzar las fronteras.
Por medio de una votación de dos a uno, los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvieron que la extensión de este procedimiento al resto del país no incurre en una violación a los derechos de los inmigrantes. El fallo anula los bloqueos previos y otorga luz verde a las directrices emitidas por el mandatario estadounidense.
Apenas asumió su segundo mandato, Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aplicar la denominada “expulsión acelerada”. Bajo esta normativa, los agentes migratorios quedan facultados para expulsar, sin posibilidad de presentar su caso ante un juez de inmigración, a cualquier extranjero que no pueda demostrar de forma fehaciente que lleva residiendo al menos dos años en el país.
Hasta ahora, la deportación acelerada se aplicaba por lo general a los indocumentados capturados en las inmediaciones de la frontera sur, quienes suelen ser retornados a México a los pocos días de su detención. Sin embargo, la nueva validación judicial permite que el ICE ejecute estas expulsiones exprés en zonas completamente alejadas de la franja fronteriza, acelerando los retornos a gran escala.
La opinión mayoritaria del tribunal fue redactada por el juez Justin R. Walker y respaldada por la jueza Neomi Rao, ambos nombrados por la Administración de Trump. “La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia ‘directriz de política escrita’ es ilegal…”, argumentó Walker, concluyendo que la norma no priva a los extranjeros de una oportunidad significativa de ser escuchados.
El dictamen responde a una demanda civil encabezada por la organización activista Make the Road New York. Dicha agrupación alegaba que la orden del Ejecutivo era inconstitucional porque vulneraba de manera directa las garantías constitucionales del debido proceso.
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Por su parte, el juez Robert L. Wilkins, designado durante el gobierno del expresidente Barack Obama, emitió un voto disidente. Wilkins advirtió que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han podido refutar las denuncias de que, bajo el amparo de esta política, ya se ha deportado por error a personas que sumaban más de dos años de residencia legal o fáctica en la nación caribeña y norteamericana.
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