La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó examinar una apelación presentada por el Gobierno del presidente Donald Trump para determinar la legalidad de someter a detenciones prolongadas, y sin derecho a audiencias de fianza, a ciertos inmigrantes condenados que tienen procedimientos de expulsión pendientes.
La controversia legal surge a raíz de la sentencia de un tribunal inferior. Este dictaminó que el derecho al debido proceso, protegido por la Constitución estadounidense, prohíbe explícitamente la detención “irrazonablemente prolongada” de ciudadanos no estadounidenses que enfrentan la deportación tras haber sido condenados por delitos graves con agravantes.
La disputa legal se originó por los casos de dos residentes permanentes legales (titulares de tarjeta verde) en New York. El primero es G.M., de origen dominicano, detenido en 2020 tras haberse declarado culpable de agresión. El segundo es Carol Black, un ciudadano jamaicano arrestado en 2019 debido a una condena del año 2000 por abuso sexual de un menor. Ambos hombres interpusieron peticiones de hábeas corpus tras pasar meses tras las rejas.
Durante el proceso, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Manhattan, concluyó que la Quinta Enmienda constitucional respaldaba el derecho de los dos hombres a una audiencia de fianza. El tribunal consideró irrazonable que Black pasara siete meses detenido y G.M. casi dos años sin la opción de solicitar su libertad. Asimismo, determinó que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pretende prolongar estas detenciones, el Gobierno debe demostrar con pruebas claras que el individuo representa un peligro comunitario o un riesgo de fuga.
Actualmente, las situaciones de los demandantes han cambiado. G.M. fue liberado en 2022 por preocupaciones asociadas al COVID-19 tras 21 meses de encierro. Por su parte, Black obtuvo una audiencia, pagó una fianza de 15.000 dólares y abandonó el país junto a su esposa en 2025 sin intenciones de regresar, motivo por el cual su defensa argumenta que su caso carece de objeto.
Pese a esto, la abogada de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), Cecillia Wang, quien representa a los afectados, defendió firmemente la postura del Segundo Circuito. Wang afirmó que la Constitución protege a todas las personas de ser encerradas sin el debido proceso, sin importar su estatus migratorio, y criticó que ICE separe a las familias deteniendo a personas por meses o años sin permitirles defenderse en una audiencia.
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Se prevé que el máximo tribunal escuche los argumentos de este caso en su próximo período de sesiones, que iniciará en el mes de octubre. Esta decisión se sumará a otros fallos de alto perfil en materia migratoria donde la Corte Suprema ha respaldado la agenda de la administración Trump.
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