La disputa por cuatro hectáreas en Fisher Island abrió un frente político y judicial entre Miami-Dade, desarrolladores inmobiliarios, propietarios de la isla y la industria de cruceros por el futuro de una terminal de combustible cuya posible remoción, según advirtieron funcionarios y ejecutivos del sector, podría afectar el abastecimiento de barcos que operan en PortMiami.
Este importante puerto genera unos 61.000 millones de dólares al año para la economía regional, de acuerdo con los datos publicados por el diario estadounidense The Wall Street Journal. El conflicto se concentra específicamente en un muelle de abastecimiento construido en la década de 1920 en Fisher Island, el cual durante cerca de un siglo suministró combustible a buques de carga y cruceros que pasan continuamente por PortMiami.
La codiciada parcela fue comprada el año pasado por una sociedad de desarrolladores e inversores que incluye a HRP Group, Related Group y Raycliff Capital, con planes concretos para reemplazar el viejo depósito por torres de condominios de lujo, informó el diario. La venta acordada en enero de 2025 entre TransMontaigne Partners y HRP Fisher Island se cerró por 180 millones de dólares, según The Wall Street Journal.
El proyecto contempló retirar la terminal existente y construir desde 2027 dos torres de residencias de lujo con áticos de hasta 100 millones de dólares, de acuerdo con los reportes del portal inmobiliario Realtor.com. Muchos residentes apoyaron la iniciativa inmobiliaria por considerar que la instalación petrolera era un elemento visual indeseado y un gran riesgo ambiental.
Batalla en los tribunales por el puerto
Las compañías de cruceros reaccionaron con alarma ante la posibilidad de perder su fuente de combustible, y esa presión llevó al condado a intervenir, intentar comprar el terreno y preparar una expropiación mientras varias partes trasladaban la disputa a los tribunales.
Joe García, excongresista demócrata que organizó una protesta contra los planes inmobiliarios, criticó la pérdida de la terminal, mientras el gobierno de la alcaldesa Daniella Levine Cava estudió alternativas costosas como traer combustible en barcazas desde Fort Lauderdale o transportarlo por ferrocarril. Jimmy Morales, director de operaciones del condado, sostuvo que Miami-Dade negoció con HRP Group para sustituirlo como comprador, pero el grupo de desarrollo hizo propuestas sumamente caras.
En una reunión especial convocada con urgencia en septiembre de 2025, Levine Cava pidió a los comisionados autorizar la adquisición de la instalación, ya fuera mediante una transacción negociada o mediante una expropiación forzosa. La alcaldesa sostuvo ante la comisión que Miami estaría en una desventaja competitiva extrema si perdiera el acceso directo al combustible.
Junto a otros ejecutivos del sector, Jason Liberty, director ejecutivo de Royal Caribbean Group, afirmó que ningún gran puerto de Estados Unidos funciona sin su propio suministro. A pesar de los cuestionamientos de varios comisionados como René García, la junta aprobó la expropiación al mes siguiente, desatando demandas inmediatas de la Fisher Island Community Association ante la justicia federal para intentar bloquear la medida.
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Las conversaciones entre el condado y HRP continuaron y podrían derivar pronto en una solución por doscientos millones de dólares. No obstante, los residentes presentaron otra demanda estatal para impedir la venta. James Ferraro, presidente de la asociación, afirmó que los tanques petroleros tienen que irse de la isla de manera definitiva para salvaguardar el entorno de los propietarios y asegurar un futuro residencial completamente limpio en la costa del área local.
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