El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializará el carácter permanente del programa que exige a ciudadanos de 50 países el depósito de fianzas económicas para tramitar visados de negocios y turismo (B1 y B2). La medida, diseñada para desincentivar el incumplimiento de los plazos de estancia autorizados, incrementa el costo máximo requerido de 15.000 a 20.000 dólares y elimina por completo la cifra mínima fija que se situaba en 5.000 dólares.
La disposición afecta fundamentalmente a diversas naciones africanas, pero en la región de América Latina y el Caribe impacta de manera directa a los nacionales de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica y Granada.
De acuerdo con el aviso borrador que será difundido formalmente en el Registro Federal, la revisión efectuada durante casi doce meses proporcionó evidencia y datos analíticos suficientes para confirmar que la exigencia de garantías financieras asegura de forma efectiva el retorno de los viajeros a sus lugares de origen.
Bajo este esquema normativo, los solicitantes de pasaportes pertenecientes a la lista deben efectuar el desembolso antes de acudir a la entrevista consular. El dinero es totalmente reembolsable en dos escenarios: si la visa es rechazada o si, tras ser otorgada, el beneficiario cumple estrictamente los términos temporales de su permiso.
La iniciativa fue introducida por la Administración de Donald Trump en agosto del año pasado para combatir la permanencia indocumentada, una infracción cuyas tareas de localización, detención y deportación representan un costo gubernamental cercano a los 18.000 dólares por persona.
Representantes de la diplomacia estadounidense valoraron la política como un éxito contundente. En 2024, casi 45.500 visitantes provenientes del grupo de países incluidos excedieron el tiempo permitido en suelo norteamericano. En contraste, durante los diez primeros meses de funcionamiento del sistema piloto de fianzas, la cifra de infractores de esas mismas nacionalidades cayó drásticamente a menos de 50 casos registrados.
No obstante, sectores críticos han señalado que el requisito impone una barrera financiera desmedida e inalcanzable para personas de economías vulnerables que buscan reencontrarse con sus familias o concretar negocios.
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Las estimaciones iniciales calculaban que solo 2.000 personas estarían sujetas al pago; sin embargo, las estadísticas finales determinaron que aproximadamente 20.000 solicitantes se vieron alcanzados por la regulación. Ante esta exigencia, casi la mitad de los afectados optó por no abonar la garantía, lo que provocó un desplome del 83 % en la concesión de visados B1 y B2 para los países fiscalizados.
El Departamento de Estado anticipa que la aplicación definitiva de la regla mantendrá a la baja la demanda global de permisos de viaje en las naciones reguladas, al tiempo que evalúa la incorporación paulatina de nuevos territorios al programa.
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