La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente boletín sobre la situación de Nicaragua, asegura que al 31 de julio del 2019 la represión y el estado policial dejan un saldo de 328 personas asesinadas
El organismo también registra más de 120 presos políticos lo cual certifica que el régimen de Daniel Ortega incumplió el acuerdo suscrito con la oposición que establece que todas las personas que habrían participado en las protestas suscitadas desde el 18 de abril del 2018 serían liberadas.
La CIDH denunció la persistencia de los patrones de la represión como mecanismos de censura indirecta en contra de medios de comunicación, la ocupación desproporcionada del espacio público y la prohibición de las protestas sociales.
A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, el órgano internacional constató actos de hostigamiento policial en contra de quienes realizaron eventos en memoria de las personas asesinadas durante la operación limpieza, la negativa de la Policía para autorizar la marcha del día del estudiante, y la represión contra quienes intentaron manifestarse.
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Asimismo, la CIDH confirmó la intensificación del seguimiento policial y hostigamiento en contra de defensores de derechos humanos, entre ellos, integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organizaciones beneficiadas con medidas provisionales por la Corte Interamericana.
En julio la CIDH recibió información sobre el incremento de la violencia en las zonas rurales al interior del país y en la frontera con Honduras, que incluye el reporte de asesinatos de personas identificadas por la sociedad civil nicaragüense como opositoras al Gobierno.
📢✍El boletín que aborda la situación de derechos humanos en #Nicaragua, elaborado por el #MESENI de la #CIDH y correspondiente a julio de 2019, ya está disponible. 👉https://t.co/8nnIpfHCE7 pic.twitter.com/R533NBt9iq
— CIDH – IACHR (@CIDH) August 8, 2019
La CIDH advirtió que la desconfianza de los familiares en las instituciones del Estado o su temor a sufrir represalias, la falta de independencia del Poder Judicial, el limitado acceso geográfico para medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos son factores que dificultan contar con información precisa sobre las circunstancias en que ocurren los hechos.
La Comisión recordó que la investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. “La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse”, indica el escrito.
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