Por considerarlos responsables de graves violaciones de derechos humanos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en abril del año pasado, la organización Human Rights Watch (HRW) solicitó a la Unión Europea (UE) imponer sanciones individuales al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
La petición se extiende a cinco altos mandos de la Policía Nacional: la ex directora Aminta Granera; el subdirector general Ramón Avellán y los comisionados generales Jaime Vanegas, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.
En una carta enviada a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini y a los ministros de Relaciones Exteriores de los 28 Estados miembros, la organización expone que la UE debería aumentar la presión contra el gobierno de Ortega para que ponga fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional.
El organismo recordó que la represión contra manifestaciones antigubernamentales ejercida por agentes policiales y paramilitares dejó saldo de más de 300 muertos y más de dos mil heridos.
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Un informe presentado por HRW el 19 de junio pasado documentó crueles abusos que incluyen torturas, infligidos a muchas de las personas detenidas por policías o secuestradas por bandas armadas partidarias del Gobierno.
“El presidente Daniel Ortega no restablecerá voluntariamente las garantías básicas de derechos humanos que su Gobierno trabajó tan arduamente para desmantelar”, sostuvo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.
“Es crucial que haya una presión internacional fuerte y persistente para que cesen los abusos generalizados en Nicaragua, en particular a través de sanciones individuales contra altos funcionarios implicados en graves violaciones de derechos humanos”, agregó.
Estados Unidos y Canadá ya impusieron sanciones individuales contra 11 funcionarios del régimen de Ortega, entre ellos la vicepresidente y esposa del mandatario, Rosario Murillo, y su hijo Laureano Ortega Murillo.
Además de las sanciones individuales contra Ortega y los altos mandos policiales, HRW pidió a la UE “condicionar todo apoyo presupuestario, particularmente el restablecimiento del financiamiento a la policía”.
“La UE también debería supeditar toda asistencia financiera futura a la Policía Nacional de Nicaragua a que se realicen investigaciones exhaustivas de violaciones de derechos humanos, y a esfuerzos verificables por las autoridades dirigidos a desmantelar y juzgar a integrantes de las bandas armadas partidarias del Gobierno”, dijo HRW en la misiva.