Alyssa Alhadeff fue una de las 17 víctimas mortales del tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Parkland el 14 de febrero de 2018. Hoy su nombre identifica una ley que activa un sistema de alerta silenciosa de tiroteos en las escuelas públicas.
Este martes el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la “Ley de Alyssa” impulsada por Lori e Ilan Alhadeff, padres de la joven de 14 años. El instrumento jurídico fue aprobado por el Legislativo de Florida y entrará en vigor este miércoles 1 de julio.
La medida ordena a las escuelas públicas la implementación de un sistema móvil de alerta de pánico capaz de conectar diversas tecnologías de los servicios de emergencia.
Esta iniciativa pretende garantizar la coordinación en tiempo real entre múltiples socorristas para enfrentar tiroteos como el de la escuela Marjory Stoneman Douglas, en la que también murieron tres maestros cuando el ex alumno Nikolas Cruz irrumpió disparando de forma indiscriminada un Día de San Valentín.
El gobernador aprobó ocho millones de dólares para poner en marcha la ley que fue aprobada por unanimidad por ambas cámaras de Florida. La oficina del alguacil del condado de Broward, jurisdicción a la que pertenece Parkland, explicó que se trata de una tecnología de punta que puede ayudar a mantener a todos más seguros en tiempo real.
La ley autoriza a los distritos escolares públicos a implementar estrategias y sistemas adicionales para mejorar la respuesta ante tiroteos en el aula y facilitar las partidas presupuestarias.
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Por la muerte de Alyssa Alhadeff y otras 16 personas, Nikolas Cruz enfrenta 17 cargos de asesinato, en un juicio para el que aún no hay fecha de inicio.
La Ley de Alyssa se suma a otra de “alerta de peligro” (Red Flag) aprobada en Florida pocos días después del tiroteo tras la presión del movimiento juvenil que surgió tras la masacre. Esta ley ha logrado el decomiso de más de 400 armas de fuego en el condado de Broward.
Un análisis del Centro Legal Gifford contra la violencia armada determinó que gracias a ese decomiso se neutralizaron en un año 255 situaciones que hubieran podido terminar en tragedia.
La ley que insta a actuar ante los comportamientos “peligrosos y preocupantes” de algunas personas, funciona por ahora en 17 estados del país y en Washington DC.
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