Venezuela no ha desmantelado su “aparato represivo” estatal tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, denunció el martes a la AFP la directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsó bajo presión de Washington la aprobación por el Parlamento de una ley de amnistía para la liberación de presos políticos.
Sin embargo, “el aparato represivo sigue totalmente vigente”, dijo a la AFP Valentina Ballesta de Amnistía Internacional, durante la presentación en Bogotá de su informe anual.
Unas 700 personas han sido excarceladas desde que Maduro fue detenido el 3 de enero por tropas estadounidenses y recluido en una cárcel federal de Nueva York. Entre ellos hay altos dirigentes opositores, pero la oenegé Foro Penal denuncia que casi 500 presos políticos siguen tras las rejas.
“No ha habido ningún mecanismo, ninguna política adoptada por el gobierno de Delcy Rodríguez en torno al desmantelamiento real de la política represiva”, sostuvo Ballesta.
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La amnistía en Venezuela no es automática, pues debe tramitarse caso a caso ante un tribunal. Más de 8.000 personas se han beneficiado de esta ley, promulgada en febrero, según cifras oficiales.
Rodríguez ha calificado a la ley como “un acto de grandeza”, pero Ballesta asegura que ésta se aplica “de manera discrecional para decir qué personas deben ser liberadas y quiénes no”.
Lejos de dejar a un lado la política de “arbitrariedad”, Ballesta aseguró que desde que el gobierno interino asumió el poder, ha realizado cambios en su gabinete que “parecieran apuntar a una consolidación de algún tipo de control” sobre la población.
Poco después de su llegada al poder, Rodríguez anunció el cierre de la temida cárcel del Helicoide como parte de un proceso de “reconciliación nacional”, pero hasta el momento el centro de detención continúa funcionando.
El informe anual de Amnistía Internacional describe “un panorama generalizado de violaciones a los derechos humanos” en el mundo durante 2025 y lo corrido de 2026, mientras los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos son sometidos a “ataques constantes”.
Por: AFP
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