Cuatro años atrás era imposible entrar al barrio donde vive Tomasa López, en una colina al norte de San Salvador, sin arriesgar la vida. El presidente Nayib Bukele acabó con las pandillas que desaparecieron a su hija, pero nadie le ayuda a buscarla.
Al filo de un barranco en el distrito de Mejicanos, López apunta hacia una presunta fosa clandestina en la que estaría Kathya. Tenía 16 años cuando hace casi una década salió de casa a ver a una amiga al parque, y no volvió más.
Entre casas abandonadas cuyos moradores huyeron de la Mara Salvatrucha (MS-13) años atrás, la de López sobresale por la tenue luminosidad de un altar: tres velas titilan frente a una decena de fotos de su hija pegadas en una pared sin pintar.
“Es como mantenerla viva. Lo peor es no saber dónde está”, dice la mujer de 46 años, vestida con una camiseta con el rostro de la joven de mirada intensa. En un hombro lleva tatuado su nombre.
Hace casi un año, Bukele aseguró que 90% de las desapariciones eran “homicidios disfrazados”. Esto implicaría el asesinato de 200.000 personas a manos de las pandillas en las tres décadas que aterrorizaron al país, y no de 120.000 como se calculaba hasta entonces.
Bajo el régimen de excepción que Bukele impuso en 2022, la captura de decenas de miles de personas acusadas de ser pandilleros abrió esperanzas en familiares de desaparecidos. Pero fueron efímeras.
“Son diez años de búsqueda, de esperar respuesta de la policía, fiscalía o medicina legal. Pero, para ellos, quienes desaparecen dejan de existir”, asegura López a la AFP, en su barrio de callejuelas de tierra.
“Lo que quiero es encontrarlo”
La pandilla Barrio 18, enemiga de la MS-13, mató al esposo de Carmen Armero, de 65 años, en 2006.
Quince años después desaparecieron a su hijo, un universitario que hablaba cuatro idiomas y planeaba casarse y viajar, cuando una noche salió a comprar golosinas.
“Solo hay dos caminos: que esté vivo o que esté muerto. Lo que quiero es encontrarlo. Ya no quiero saber de culpables”, expresa con voz quebrada, junto al altar que le hizo a Herber en la sala de su casa, en otra colonia de Mejicanos.
Para ella, presidenta del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se esconde la existencia de cementerios clandestinos porque eso afectaría la nueva imagen de “país seguro”.
Fernando, vendedor ambulante treintañero, desapareció en 2022 en el mercado de San Ana, otrora territorio de la MS-13 a 65 km de la capital. Su madre Sandra Gallegos, de 53 años, quisiera cada mañana “agarrar piocha y pala” para ir a buscarlo.
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“No podemos arriesgarnos. Si llega la policía dirá que colaboramos con las pandillas por saber de la fosa. No hay voluntad de ayudarnos. Se han enfocado en las capturas y no en reparar el daño”, dice Esmeralda Rosales, hermana de Fernando, de 40 años.
Toda información sobre desaparecidos, sean víctimas de las pandillas, la guerra civil de los años 1980 o migrantes, es reservada. La AFP consultó al gobierno, la fiscalía y diputados oficialistas, sin obtener respuesta.
“Hasta mi último aliento”
En México, donde hay más de 130.000 desaparecidos sobre todo por el narcotráfico, las familias, organizadas en colectivos, cuentan con un marco legal para obligar al Estado a buscar las fosas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo a la AFP que las familias “tienen derecho a saber qué ocurrió con sus seres queridos”, y los Estados la “obligación” de responder, mantenerlas informadas “y garantizar su participación” en la búsqueda.
Hace dos meses, la diputada opositora Claudia Ortiz propuso una ley para obligar al Estado salvadoreño a investigar, buscar, crear registros y protocolos, y atender a las familias de desaparecidos. Pero el Congreso, controlado por Bukele, rechazó debatirla.
“Tenemos un gobierno que habla de seguridad, pero olvida a miles de familias (…), abandonadas por un Estado que desaparece a sus desaparecidos”, dijo Ortiz a la AFP.
Frente a un mural en memoria de los desaparecidos en la Universidad de El Salvador, en la capital, Gallegos dice sacar fuerzas de su nieto de 12 años, quien está convencido de que su papá va a regresar.
“Hay gente que me dice: ¡ya, entrégueselo a Dios! Pero mi mayor esperanza, mi fe, es encontrarlo vivo. Y si ya no está con nosotros, pues al menos sus restos para tener donde ir a llorar”, asegura, enjugando unas lágrimas.
Preocupada porque una construcción avanza hacia el barranco donde dice que está la fosa clandestina, López asegura que Kathya le habló en sueños: “¡No dejes de buscarme!”.
“Tengo que seguir… hasta mi último aliento de vida. Tengo la esperanza de algún día recuperar y enterrar lo poquito que quede de ella, y vamos a tener paz, ella, y yo”.
Por: AFP
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