A un año del programa forzado por la administración Trump, conocido como “Permanecer en México”, la organización Human Rights First mostró la documentación que contabiliza “816 casos de secuestro, extorsión, violación, homicidio, tortura y agresiones violentas” que los solicitantes de asilo han sufrido en suelo azteca.
A 366 días de haberse puesto en marcha el programa Protocolos de Protección Migratoria (MPP), por el que cerca de 60 mil solicitantes de asilo en el país han sido devueltos a México, el balance deja a las claras que la administración Trump, consciente de que Tijuana y la mayoría de las poblaciones fronterizas mexicanas tienen altos índices de violencia, arrojó a los solicitantes de refugio a un destino tal vez peor al que padecían en sus naciones de origen.
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La iniciativa “Permanecer en México” creó un nuevo nicho de mercado para los malhechores que se lucran de los débiles jurídicos en una nación que habla con sangre y pobreza para relatar el olvido en el que los tiene sumido el D.F. y recrear que el único gobierno que se reconoce en esas zonas lo ejercen los carteles.
En las fauces de ese averno de las fronteras se encuentran “olvidados de Dios” cerca de 60 mil solicitantes de asilo que tiene casos en tribunales de los Estados Unidos, quienes depositaron su confianza en la celeridad de una nación que tiene al nombre del “altísimo” en su lema, pero quienes tras un año de espera sienten que fueron empujados para que encontraran el camino de la decepción.
Varias organizaciones civiles y activistas han pedido el cierre de esta política que califican de “cruel e inhumana”. Ayer un numeroso grupo de personas conscientes se congregaron en el centro de San Diego, en el sur de California, con pancartas y cánticos para demostrar su oposición a este programa, conocido como “Permanecer en México”, y al que culpan de cientos de casos de muertes, violaciones y torturas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en voz de su abogada de Derechos de Migrantes, Mónika Langarica, dijo que estos casos “son ejemplos claros de que la violencia en las ciudades fronterizas mexicanas para las personas migrantes, que no son mexicanas y no tienen estructura familiar en México, están a niveles que no hemos visto en el pasado”.
Langarica, una de las decenas de personas que se apostaron delante de la sede de las oficinas federales en esta ciudad para pedir que “el gobierno restaure el proceso de asilo hoy”, manifestó que “esto ya no puede tener ninguna justificación, ni seguir un día más”.
La política del presidente Donald Trump ha merecido que organizaciones internacionales de Derechos Humanos alerten de que la medida constituye una violación al derecho de asilo, además del peligro al que son expuestos los migrantes cuando son enviados a México.
Thomas Rachko, Jr., coordinador nacional de la organización Human Rights Watch, expresó que “sus consecuencias han sido espantosas”.
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De igual forma Amnistía Internacional, a través de la directora para las Américas de la organización, Charanya Krishnaswami, en un comunicado pidió el fin del “cruel experimento de la administración de Trump, que ha ocasionado que decenas de miles de personas sean forzadas a condiciones de peligro, expuestas al peligro de ser asesinadas, secuestradas, torturadas y agredidas sexualmente”.
Según esta organización, apenas menos del 5% de los solicitantes de asilo enviados a México han tenido acceso a representación legal.
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