Florida, el tercer estado con más indocumentados de Estados Unidos, tiene a partir del 1 de julio una de las leyes antiinmigrantes más estrictas, aunque ya activistas trabajan para presentar una demanda judicial para lograr su derogación al considerarla “inconstitucional”.
La ley SB 168 prohíbe las llamadas ciudades “santuario”, que rechazan colaborar activamente con las autoridades federales migratorias en su proceso de deportar indocumentados, aunque no hay ninguna jurisdicción que se haya declarado como tal en este estado con un 20% de población inmigrante.
Pero va más lejos. La nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía hacer cumplir la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
En esa colaboración se incluyen los polémicos “detainers” o pedidos de ICE para que se mantenga en las cárceles para deportación a las personas detenidas, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal.
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El director político de la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC), Thomas Kennedy, dijo que ese grupo de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes colabora con la organización Southern Poverty Law Center (SPLC) para demandar al Gobierno estatal por esta ley.
Comenzaron a trabajar en primavera en esta acción judicial, sobre la que no quiso adelantar detalles, al darse cuenta a mediados del pasado periodo legislativo de que los republicanos iban a aprobar una medida que haría inevitable una “batalla” en las cortes.
Para SPLC se trata de una ley que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que “prohíbe la captura sin razón” y anticipa “costosos litigios” a las autoridades locales por mantener detenidos a los inmigrantes sin orden judicial.
Margen de tres meses
Aunque entró en vigor este lunes, la ley da tres meses de margen a las autoridades policiales para iniciar esta colaboración activa con ICE antes de comenzar a sancionar a las jurisdicciones que rechacen hacerlo.
Mientras se inicia la batalla judicial, grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes continúan con su tarea de informar a los indocumentados que, sea cual sea su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales.
Por ello, destacan que ningún policía debe preguntar sobre la situación migratoria de las personas y les recuerdan que pueden permanecer en silencio y no contestar a los agentes, pedir la asistencia de un abogado y negarse abrir la puerta de su casa.
Sin embargo, reconocen que hay “miedo” en la comunidad inmigrante en Florida, tanto por la entrada en vigor de esta ley, como las anunciadas redadas contra indocumentados en todo el país, posteriormente pospuestas durante dos semanas.
Este fin de semana, el presidente Donald Trump dijo que tienen previsto realizar estas redadas en busca de familias indocumentadas y que estas se llevarían a cabo después del festivo del 4 de Julio a menos que suceda algo “milagroso” en las negociaciones con los demócratas en el Congreso sobre una nueva ley de asilo.
Kennedy lamentó que este ambiente hostil haya llevado a muchos inmigrantes a no querer reportar crímenes de los que son testigos o víctimas, como el caso de una mujer que les explicó que fue violada por un hombre que la amenazó con denunciarla ante ICE si acudía a las autoridades.
Posible boicot
Iniciativas similares habían fracasado en años anteriores en el Legislativo de Florida, pero el apoyo firme del gobernador, Ron DeSantis, desde que llegó al cargo a inicios de año dio un impulso clave para la aprobación final de la medida.
Por este motivo, FLIC se enfoca además en la vertiente política de la ley, para “cambiar el balance” en la Legislatura y Gobierno estatal, dominados por los republicanos.
“Hay que castigar a los candidatos” que apoyan este tipo de medidas, como al gobernador estatal, que calificó de “extrema derecha” y fiel seguidor de la retórica” antiinmigrante de Trump.
DeSantis firmó a mediados de junio la SB 168 a pesar de la oposición de los activistas que emitieron en abril una alerta de viaje a Florida por la posibilidad de un aumento de casos de “discriminación racial, detención injusta y deportación” por esta ley y de las posibles consecuencias económicas que pudiera tener.
Según un estudio del grupo New American Economy, la economía del estado perderá 3.500 millones de dólares por la entrada en vigor de la ley migratoria por la renuencia de muchos inmigrantes a visitar la región, lo que afectaría uno de los pilares del bienestar de Florida, el turismo.
Kennedy no descartó que puedan “escalar” la alerta de viaje y pedir un boicot económico contra Florida como el que sufrió Arizona después de aprobar en 2010 la ley SB1070, que otorgaba poder a los policías de cuestionar el estatus migratorio de las personas que sospechaban eran indocumentados.
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