El pleno de la Eurocámara exigió este jueves que la Unión Europea imponga sanciones contra el Gobierno de Daniel Ortega y los responsables de las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua por la represión contra manifestantes y pidió suspender al país del acuerdo comercial, en una resolución no vinculante aprobada por 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones.
En el texto los eurodiputados condenaron todas las acciones de represión del Gobierno de Ortega, al que acusan de tener una “estrategia planificada para destruir a la oposición política” como represalia por las protestas que comenzaron en abril de 2018 y denunciaron la “grave vulneración de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho” en ese país desde entonces.
En este contexto, reclamaron a los gobiernos europeos “un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de la expedición de visados y la inmovilización de activos, contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los Derechos Humanos” hasta que se respeten plenamente los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en el país, así como suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación y de libre comercio entre la UE y Centroamérica activando para ello su cláusula democrática.
Los eurodiputados justifican las sanciones por el aumento de la represión y las restricciones a las libertades fundamentales en el país, como el derecho a la libre expresión, de reunión y manifestación, la ilegalización de las ONG y la expulsión de las organizaciones internacionales del país, así como el cierre de medios y el acoso a periodistas, la expulsión de los estudiantes universitarios y el empeoramiento de las situación en las cárceles para los presos políticos.
En el texto, reclaman al Gobierno de Managua reanudar el diálogo con la oposición para llegar a una solución pacífica, que incluya la rendición de cuentas por parte de los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, y una hoja de ruta clara para la celebración de nuevas elecciones libres, justas y transparentes con observadores internacionales, en un futuro a corto plazo.
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Como gesto de buena voluntad, le piden a Ortega la liberación “inmediata e incondicional” de los más de 600 presos políticos que continúan encarcelados, aunque defienden la necesidad de resolver el retorno de los exiliados, el desarme de los grupos paramilitares afines al Gobierno y la desmilitarización de las calles en el marco del diálogo.
También reclaman la extradición de Alessio Casimirri a Italia, donde ha sido condenado a seis cadenas perpetuas por el secuestro del exprimer ministro Aldo Moro y el asesinato de sus escoltas en 1978.
Excarcelación de presos políticos
Horas antes de esta declaración, el Gobierno de Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunciaron su disposición a reanudar el diálogo a cambio de la “excarcelación de un núcleo apreciable” de manifestantes presos.
Las partes llegaron al acuerdo tras una reunión conjunta con el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag y el enviado especial de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, según un comunicado gubernamental.
Las negociaciones habían sido abandonadas por la Alianza Cívica el domingo pasado, después de ocho sesiones sin que las partes se hubieran puesto de acuerdo en los temas de fondo, relacionados con la justicia y la democracia.
El Gobierno afirmó que las negociaciones continuarán a partir del punto en que fueron interrumpidas.
Asimismo, adelantó que “el viernes 15 de marzo se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas” detenidas por participar en protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Sin embargo no todos están de acuerdo con la reanudación del diálogo. La Coalición Universitaria compuesta por cinco movimientos universitarios que pertenecen a la Alianza, negó su respaldo al retorno de las negociaciones.
“No respaldamos el comunicado de prensa número 6 del proceso de negociación que se emitió en conjunto el día de hoy entre la Alianza Cívica y el régimen Ortega Murillo, porque no cumple con las muestras contundentes solicitadas”, informó la Coalición.
Entre las “muestras contundentes” de “buena voluntad” que reclamaba la Alianza, y que no habían sido cumplidas por el Gobierno, está la liberación de los manifestantes presos por participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega, y el restablecimiento de las libertades públicas.
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