Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la decisión de un tribunal inferior que prohíbe al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir información de los contribuyentes con las autoridades migratorias.
La resolución representa un duro revés judicial para la estrategia del gobierno de Donald Trump, orientado a recopilar información clave para acelerar la localización y deportación de migrantes indocumentados.
El fallo fue dictado de manera unánime por un panel de tres jueces (3-0). La medida frena los intentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de acceder a la base de datos tributaria, donde reposan domicilios, nivel de ingresos y datos familiares de millones de personas en el país, protegidos bajo estrictas leyes de confidencialidad.
La jueza Cornelia Pillard, en una opinión formal de 32 páginas, sustentó el fallo recordando que la protección de la privacidad tributaria tiene antecedentes históricos profundos.
Según la magistrada, los abusos del poder Ejecutivo cometidos durante el escándalo de Watergate (1972) llevaron al Congreso de Estados Unidos a promulgar leyes rigurosas para restringir el intercambio de datos entre el IRS y otras agencias del gobierno federal.
El caso tomó relevancia pública luego de que, el año pasado, el ICE solicitara más de 1,2 millones de registros al IRS. La agencia tributaria alcanzó a entregar las direcciones de aproximadamente 47.000 contribuyentes antes de que los tribunales federales intervinieran y congelaran el traspaso masivo de información.
Nandan Joshi, abogado de la organización defensora de derechos Public Citizen —una de las entidades promotoras de la demanda contra la administración pública—, celebró el dictamen del Circuito de DC.
Joshi enfatizó que las personas no ciudadanas gozan exactamente de los mismos derechos de privacidad sobre sus declaraciones de impuestos que la legislación otorga al resto de los contribuyentes.
El IRS facilita formalmente que millones de migrantes indocumentados paguen impuestos de manera anual. Esta contribución constante apoya los procesos de regularización migratoria de los usuarios y fortalece las arcas de programas sociales clave, como el Seguro Social.
Pese a que defensores destacan el aporte económico de la población migrante, críticos sostienen que la inmigración irregular genera una carga considerable en los servicios públicos, como salud y educación.
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El presidente Trump mantiene como eje central de su mandato acelerar la expulsión masiva de indocumentados y restringir los cruces fronterizos. No obstante, la vía judicial vuelve a limitar sus facultades para utilizar la infraestructura fiscal del país como herramienta de rastreo y deportación.
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