Una coalición de 23 fiscales generales y dos gobernadores presentó en fecha reciente una demanda contra la Administración de Donald Trump para frenar un plan que busca acceder a datos confidenciales de familias vulnerables y compartirlos con agencias migratorias.
La acción legal es liderada por los fiscales Rob Bonta (California), Letitia James (New York) y Brian Schwalb (Distrito de Columbia). La querella busca bloquear la implementación de un nuevo Sistema de Registros (SORN) en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), un esquema que otorga más de 16.000 millones de dólares anuales a hogares de bajos recursos.
De concretarse, el SORN permitiría el intercambio masivo de información personal con entidades federales, estatales y privadas, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, los demandantes advierten que la medida ampliaría drásticamente la supervisión del gobierno federal sobre las iniciativas estatales contra la pobreza.
El fiscal californiano Rob Bonta calificó la iniciativa de cruel, ilegal y de constituir un intento de vigilancia masiva utilizando un beneficio diseñado para evitar el hambre infantil. En el recurso presentado ante un tribunal federal, las autoridades argumentan que el proyecto viola la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Cruce de Datos Informáticos y la Cláusula de Gasto constitucional.
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Junto a los líderes de la querella se sumaron fiscales de estados como Illinois, Massachusetts, Washington y Pensilvania. La coalición advierte que este cruce de información pone en riesgo a las familias más necesitadas al disuadirlas de solicitar la ayuda económica directa a la que tienen derecho.
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