En la opinión de expertos como Jaron Lanier, Byung Han, Noam Chomsky o Marc Pensky, el carácter controlador de las redes sociales ha sido un fantasma visible desde hace muchos años y las estructuras de poder de los Estados Unidos la han usado para invisibilizar a sus adversarios, crear malas reputaciones a enemigos y quitarle la libertad de expresión a los “indeseables”.
Lo curioso en toda esta historia es que el propio presidente de los Estados Unidos este exigiendo una revisión en torno a la cualidad de las redes sociales, o al menos sobre la manera como se están comportando con él, una demanda que ha sido invocada con anterioridad por particulares, corporaciones y Estados, que han sido borradas en la “solitaria y anónima” frialdad electrónica.
Aprisionado por grandes estructuras legales, y más allá, con la Primera Enmienda frente al rostro, tras la iracundia mostrada en estos días al presidente Donald Trump no le quedó otra salida sino la de la “honrilla”. El neoyorquino firmó un decreto destinado a evaluar si su Gobierno puede castigar a Twitter, Facebook, YouTube o Google si intentan moderar los contenidos publicados en sus plataformas, en medio de un creciente debate sobre hasta qué punto debe llegar la libertad de expresión en Internet.
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No pudo “cerrar” ni regular con un plumazo las actuaciones de las redes sociales, por mucho que amenazó con hacerlo el 27 de mayo. En la fecha el presidente dijo: “Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Regularemos con contundencia, o las cerraremos, antes de permitir que esto suceda”, afirmó Trump precisamente desde su cuenta de Twitter, su medio favorito de comunicación.
Ahora para dejar en claro que ante la adversidad seguirá siendo un hombre fuerte, el decreto de Trump también pide que todas las agencias de su Gobierno revisen su gasto en publicidad y márketing en las plataformas digitales, para asegurar que no benefician a “ninguna red social que suprima la libertad de expresión”, en palabras del presidente.
Desde luego, la orden por sí misma no tiene un impacto inmediato ni de gran calado, y parece más un guiño a su base de votantes en el contexto de su pugna con Twitter, que este martes enlazó por primera vez un tuit de Trump con información verificada que contradecía lo que el Presidente había publicado.
El gran editor
El Jefe de Estado está sintiendo en carne propia lo que vive la gente común. Tal vez esa sea su molestia, el recibir de las redes sociales el trato de un ciudadano cualquiera. “(Twitter está tomando) decisiones editoriales. En ese momento, Twitter deja de ser una plataforma pública neutral, y se convierte en un editor con un punto de vista. Y creo que podemos decir lo mismo de otros, ya se trate de Google o de Facebook y quizás de otros”, dijo Trump a los periodistas antes de firmar la medida.
Sin embargo de acuerdo a los especialistas los controles no solo están en la novedosa actitud de “fact cheking” que ha asumido las redes, también es un control a la libertad de expresión el cambio constante y acomodado de sus reglas comunitarias que poco a poco van sacando a los “indeseados” a los que le han cerrado cuentas sin aviso y sin protesto; menos con notas que señalen que “usted no está diciendo la verdad”.
Cosas necesarias
Entre los detractores de las redes sociales, grupo en el que están inscritos “personas que ayudaron a crearlas como el caso de Jaron Lanier”, son ven con mala actitud que desde la Casa Blanca se pida revisar y posiblemente eliminar las protecciones legales de las que disfrutan las grandes plataformas de Internet bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.
Entre muchas razones quienes no confían en las redes sociales lo hacen debido a que perdieron después de alumbradas su carácter neutral y estiman que el único arreglo posible es que sean pagas y que asuman sin doble discurso su cualidad editorial y asuman las consecuencias.
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La revisión legal que pide la Casa Blanca es la que protegea las grandes compañías de Internet, que están exentas de casi cualquier consecuencia legal resultante de los contenidos publicados en su plataforma e incluso de sus propias decisiones de eliminar contenidos, porque se supone que son meros intermediarios o canales.
Trump consideró que Twitter y otras plataformas han demostrado tener un “poder sin control para censurar, restringir o editar” los contenidos que publican, por lo que dio 60 días al Departamento de Comercio para que proponga a la independiente Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que se reformen las normas al respecto.
Sin embargo, numerosos legisladores y expertos legales advirtieron que la medida no sobreviviría a una demanda judicial, y una de los dos miembros demócratas de la FCC, Jessica Rosenworcel, dijo en un comunicado que convertir a su agencia “en la policía del presidente (para proteger) su discurso no es la respuesta”.
Trump reconoció que su decreto podría acabar en los tribunales, y dijo que planea trabajar en el Congreso para aprobar “legislación” que permita sacar adelante esa reforma si no consigue hacerlo por la vía ejecutiva.
El mandatario lleva casi dos años acusando a Google de “suprimir voces de conservadores y esconder información” y también ha arremetido contra Twitter, pero al mismo tiempo ha convertido a esa red social en una herramienta de Gobierno crucial y ha insistido en que le permite comunicarse sin el filtro de los medios.
Este jueves, Trump aseguró que le “encantaría” deshacerse de su cuenta de Twitter, pero siente la necesidad de mantenerla porque no hay una “prensa justa” en su país.
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