La administración del presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema que levante la prohibición impuesta por un juez federal de deportar inmigrantes bajo la ley de “extranjero enemigo”, anteriormente solo invocada en tiempos de guerra.
La solicitud es uno de los ejemplos más flagrantes de los intentos sin precedentes de Trump de aumentar el poder presidencial desde que regresó a la Casa Blanca en enero.
Trump invocó la poco conocida “Ley de Enemigos Extranjeros”, aprobada en 1798, para expulsar a casi 300 venezolanos, supuestamente miembros de la banda Tren de Aragua, a una prisión de alta seguridad en El Salvador. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es criticado por no respetar los derechos humanos en su lucha contra las pandillas locales.
El gobierno estadounidense ha utilizado las imágenes de los presuntos miembros de la banda encadenados y con la cabeza rapada en la prisión de El Salvador como prueba de que se toma en serio la lucha contra la inmigración ilegal.
Los defensores de los derechos humanos afirman que algunos de los deportados no tenían nada que ver con la banda y que incluso los posibles criminales tienen derecho constitucional a audiencias judiciales antes de ser expulsados.
James Boasberg, juez federal de una corte de distrito de Washington, dictó una orden que prohíbe nuevos vuelos de expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, después de que Washington enviara los dos aviones con migrantes venezolanos a El Salvador, el pasado 15 de marzo.
Boasberg dijo que los migrantes sujetos a una potencial deportación deberían tener “derecho a audiencias individualizadas para determinar si la ley se aplica a ellos”.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha pedido que prolongue la validez de la orden, que expira el sábado.
Una primera apelación de la administración Trump fue rechazada el miércoles.
Una de las juezas de la corte de apelaciones dijo que incluso “los nazis recibieron un mejor trato” de parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
En su recurso ante la Corte Suprema, que está dominada por jueces conservadores, la asesora jurídica interina del gobierno de Trump, Sarah Harris, dijo que el caso es sobre la autoridad presidencial y la de los jueces.
“Este caso plantea cuestiones fundamentales sobre quién decide cómo se llevan a cabo operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional”, si el presidente o los jueces, dijo Harris.
“La Constitución da una respuesta clara: el presidente”, aseguró.
“Remoción sumaria”
Harris dijo que la ley de enemigos extranjeros, que solo se usó durante la Guerra de 1812 y la Primera y la Segunda Guerra Mundial, autoriza la “remoción sumaria de enemigos extranjeros implicados en ‘invasiones o incursiones predatorias’ del territorio de Estados Unidos”.
“Las órdenes del tribunal de distrito han rechazado las decisiones del Presidente sobre cómo proteger a la Nación contra organizaciones terroristas extranjeras y traen riesgo de debilitar delicadas negociaciones extranjeras”, agregó.
Harris pidió a la Corte Suprema que suspenda inmediatamente la orden del tribunal de distrito mientras considera el caso.
Lee Gelernt, un abogado de la ACLU, pidió a la corte que mantenga las cosas como están, “para que no se envíe a más personas a una notoria prisión extranjera sin el debido proceso legal, basándose en el uso ilegal y sin precedentes de una autoridad de tiempos de guerra”.
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“El presidente no es un rey”, agregó Skye Perryman, de Democracy Forward.
“No puede deportar personas sin el debido proceso, y no puede invocar poderes de guerra -utilizados solo tres veces en la historia- durante tiempos de paz sin rendir cuentas”, añadió.
Trump ha atacado a Boasberg, llegando incluso a pedir su destitución, lo que le ha valido una reprimenda pública del presidente de la Corte Suprema John Roberts.
Los abogados de varios de los venezolanos deportados han declarado que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, no han cometido ningún delito y fueron tomados como blanco principalmente por sus tatuajes.
Por: AFP
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