Un tribunal de Italia levantó la prohibición de entrada en aguas territoriales de ese país impuesta al buque español Open Arms para “permitir el socorro de las personas a bordo”.
La instancia judicial argumentó este miércoles que el peligro en el que se hallan las 147 personas que quedan en cubierta exige una respuesta sin demora. El barco lleva ya 13 días esperando un puerto seguro en el que desembarcar. La justicia suspende así un decreto del ministro italiano Matteo Salvini que le prohibía al buque entrar en aguas territoriales italianas.
Se trata de una medida cautelar adoptada por el Tribunal Administrativo Regional del Lazio que justifica su decisión en “la situación de gravedad y urgencia excepcionales” que se vive en el barco. El escrito defiende la necesidad de “proporcionar asistencia inmediata a las personas rescatadas más necesitadas”, pero no supone un permiso explícito para entrar en puerto, reseña el diario El País.
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Tras recibir esa noticia a primera hora de la tarde del miércoles 14 de agosto, la embarcación de la ONG Proactiva Open Arms puso rumbo a la isla de Lampedusa con la previsión de entrar en aguas territoriales italianas el jueves. El acercamiento a 12 millas náuticas de la costa es, al menos un alivio para enfrentar las olas de más de dos metros que agitaron el enorme buque durante toda la jornada del miércoles.
Al emprender la marcha, la ONG solicitó al Centro de Coordinación Marítima de Roma y al de Malta, el desembarco urgente de todos los rescatados por razones médicas, sobre todo por el estado psicológico de los migrantes.
El ministro italiano Matteo Salvini, en plena precampaña por llegar al Gobierno al frente de la Liga Norte, insistió este miércoles en su negativa a aceptar el buque. “No seré nunca cómplice de traficantes de personas. Vivimos en un país en el que un abogado del Tribunal Administrativo del Lazio quiere dar permiso para desembarcar en Italia a un barco extranjero lleno de migrantes. Yo volveré a firmar en las próximas horas mi negativa”, dijo en unas declaraciones recogidas por el diario La República.
El ministro del Interior anunció además en su cuenta de Twitter un recurso urgente al Consejo de Estado y la firma de una nueva prohibición de entrada.
El tribunal respondió al recurso que la ONG Proactiva Open Arms interpuso el pasado 1 de agosto cuando, tras el primer rescate, el buque recibió un escrito que le prohibía la entrada en aguas territoriales.
El veto firmado por los ministerios italianos del Interior, de Defensa y de Transportes, amenazaba al barco con una multa de hasta 50 mil euros en base al decreto promovido por Salvini. Ese decreto se convirtió en ley el pasado 5 de agosto y elevó las multas contra los capitanes de los barcos que desobedezcan sus órdenes hasta un millón de euros.
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