Tras considerar que la administración Trump y su equipo de asesores legales no brindaron una “razón adecuada”, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este jueves en contra de la polémica pregunta sobre ciudadanía que desea incluirse en el censo de 2020.
La “llamada pregunta de la discordia” ha tenido una sentencia que es considerada como una derrota más que se le propina al equipo del Jefe de la Casa Blanca que deseaba poner un elemento de segregación en el instrumento de medición poblacional, argumentando fines logísticos.
Los jueces del máximo tribunal de EE.UU. solicitaron al Departamento de Comercio, encargado de elaborar el censo, que proporcionen otra explicación sobre la inclusión de esa pregunta. Por lo tanto, la decisión del Tribunal no termina esta disputa legal, que podría prolongarse durante gran parte del verano, poniendo en peligro el calendario para imprimir el cuestionario del censo.
La alta corte dijo “no” a la pregunta en esta oportunidad, decisión que estuvo amparada en una votación donde cinco jueces se pronunciaron en contra de ella y cuatro a favor. La formulación de la indagatoria contempla que el cuestionario del censo incluya una pregunta sobre el estatus legal de los residentes en EE.UU., una medida que organizaciones civiles tacharon de “racista y discriminatoria”.
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El magistrado John Roberts, actual Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, nombrado así por George W. Bush, en el fallo señaló que “las pruebas cuentan una historia que no coincide con la explicación que dio el secretario de Comercio, Wilbur Ross, de su decisión”, escribió.
El Ejecutivo de Trump sostiene que esta interrogante es fundamental para entender mejor la composición de la población, pero la oposición apunta que, en realidad, solo serviría para restar visibilidad a la comunidad inmigrante.
La decisión llegó al Supremo, debido a que en cortes intermedias la medida ya había sido bloqueada por tres jueces federales, incluyendo Jesse M. Furman, de Nueva York, por considerarla ilegal.
Es menester precisar que del censo depende el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes de EE.UU. y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.
Una polémica de largo aliento
Las acusaciones y argumentaciones entre bandos hasta hace poco solo tenían un tono retórico, pero las cosas cambiaron cuando se desveló que un estratega del Partido Republicano fallecido en agosto de 2018, llamado Thomas Hofeller, había elaborado y entregado a sus correligionarios un informe en el que recomendaba incluir en el censo esa consulta para así poder rediseñar los distritos electorales de manera favorable a los intereses de la formación conservadora.
Este tipo de accionar traspasan líneas éticas que han sido criticadas por el Departamento de Estado como prácticas ventajistas en naciones de ultramar, ejercida en su mayoría en regímenes considerados totalitarios y que han sido sancionados por el Ejecutivo de los Estados Unidos con acciones extraterritoriales.
Sin embargo la reacción de la Casa Blanca fue el desmarcarse del “Informe Hofeller”, que salió a la luz tras ser hallado por su propia hija, Stephanie Hofeller Lizon, entre los papeles del estratega tras su muerte- y negar su conocimiento sobre la existencia del mismo.
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The Washington Post, en una investigación independiente, reveló la existencia de una serie de documentos, también encontrados por Hofeller Lizon, que establecen que el asesor político informó de sus conclusiones a Christa Jones, la actual jefa de personal de la oficina del director del Buró del Censo de EE.UU., Steven Dillingham.
La población total estimada de Estados Unidos por el censo para 2017 fue de 325,7 millones, con un 14 % de inmigrantes.
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