La Suprema Corte de Estados Unidos decidió mantener vigente una medida tomada durante la pandemia de covid-19 y utilizada desde entonces para bloquear el ingreso de cientos de miles de migrantes al país.
El levantamiento de esta política, llamada “Título 42”, fue impugnado por 19 estados estadounidenses, que temen una llegada masiva de migrantes en la frontera con México.
En marzo de 2020, el gobierno del expresidente Donald Trump activó este dispositivo sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes indocumentados detenidos en las fronteras terrestres, incluidos los potenciales solicitantes de asilo.
Esta medida de expulsión inmediata no admite recurso y no prevé ningún regreso automático al país de origen. Aunque existen algunas excepciones para ucranianos, desde la invasión de su país por parte de Rusia, o para menores que no estén acompañados.
Defensores de derechos humanos y expertos consideran que la norma es violatoria de los tratados internacionales. Estiman que es “inhumano” impedir que un potencial solicitante de asilo formule su petición.
Según ellos, el dispositivo actual motiva a los migrantes a cruzar la frontera de forma clandestina y a tomar riesgos cada vez mayores para lograrlo, atravesando desiertos hostiles o ríos en los que se pueden ahogar.
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Batallas judiciales
“Seguimos rechazando esta horrible medida que le hizo tanto daño a los solicitantes de asilo”, declaró el abogado Lee Gelernt, que litiga en contra de la norma en nombre de la poderosa asociación de derechos civiles ACLU.
El “Título 42” ha sido objeto de varias batallas judiciales distintas. Una jurisdicción de primera instancia, y luego una de apelación, se pronunciaron a favor de derogarla.
Para la asociación Refugees International, “la mayoría de los jueces de la Suprema Corte han aprobado ahora en la práctica los rechazos, y serán responsables de lo que el tribunal de primera instancia llamó un “daño irreparable” infligido a los solicitantes de asilo expulsados en nombre del ‘Título 42′”.
Ante su posible levantamiento, varios municipios situados en la frontera sur de Estados Unidos comenzaron a instalar vallas y rejas metálicas. Numerosos migrantes aguardaban en las últimas semanas cerca de la frontera, con la esperanza de poder solicitar asilo en el país norteamericano.
Pero de momento, la medida seguirá vigente hasta que la Suprema Corte delibere sobre el fondo del asunto. Escuchará en febrero de 2023 los argumentos de las dos partes y entregará su decisión el próximo verano.
Esto da a la administración Biden algunos meses suplementarios para prepararse ante la potencial llegada masiva de migrantes.
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Reforma integral
Al momento de irse de Washington para salir de vacaciones, el presidente estadounidense, Joe Biden, declaró que la medida debió cesar hace tiempo, pero que su administración respetaría la decisión de la Suprema Corte, a la espera de su decisión final, “al parecer en junio”.
“Hasta esa fecha debemos aplicarla”, agregó el mandatario.
Poco después del anuncio de la Suprema Corte, la Casa Blanca pidió a los congresistas adoptar una reforma “integral” del “deficiente sistema migratorio” estadounidense.
Durante su campaña electoral, Biden prometió una amplia reforma del sistema migratorio, pero todas sus propuestas legales se han empantanado en el Congreso.
Su administración ha tenido dificultades para establecer una estrategia duradera para gestionar las llegadas a su frontera sur, de unos 3.000 kilómetros de ancho.
Las llegadas clandestinas a la frontera con México rompen actualmente récords históricos, con más de 200.000 arrestos realizados en el mes de noviembre.
La inmigración es un tema políticamente explosivo en Estados Unidos. La oposición republicana ataca constantemente a Biden sobre este tema, acusándolo de ser demasiado laxo con el control del paso fronterizo.
La decisión de la Suprema Corte de este martes fue inmediatamente aplaudida por el bando conservador. “Permitirá evitar que las poblaciones que viven en la frontera se hundan en el caos más total”, declaró el representante tejano Tony Gonzales.
Por: AFP
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