Más de 16.000 personas con VIH podrían perder el acceso a su tratamiento médico en Florida como consecuencia de un recorte presupuestario propuesto por el gobernador Ron DeSantis. La medida, que entraría en vigor el 1 de marzo, ha generado una fuerte reacción de organizaciones civiles y activistas se han movilizado en Tallahassee para exigir que se frene lo que consideran una decisión arbitraria con graves consecuencias para la salud pública.
El ajuste contempla una reducción de 120 millones de dólares al Programa de Asistencia para Medicamentos contra el SIDA (ADAP), del cual dependen alrededor de 30.000 pacientes, casi una cuarta parte de las cerca de 130.000 personas que viven con VIH en el estado. La mayoría de los beneficiarios del programa son afroamericanos y latinos, grupos que ya enfrentan mayores barreras de acceso al sistema de salud.
“Sabemos que la mayoría de la gente que tiene VIH es afroamericana y latina, y van a ser afectados de manera significativa”, advirtió Esteban Wood, director de Defensa y Asuntos Legislativos de la oficina del sur de AIDS Healthcare Foundation (AHF). Según la organización, la reducción de fondos pone en riesgo directo la continuidad de tratamientos esenciales.
El Departamento de Salud de Florida ha justificado los recortes señalando cambios a nivel federal, entre ellos la expiración en 2025 de los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), conocida como Obamacare. Bajo el nuevo esquema, a partir de marzo solo podrán acceder al ADAP quienes tengan ingresos inferiores al 130% de la línea federal de pobreza, es decir, menos de 20.345 dólares anuales, frente al límite actual del 400%, cercano a los 62.600 dólares.
Además, los pacientes deberán cambiar a medicamentos genéricos, en lugar de tratamientos ampliamente utilizados como Biktarvy. Para organizaciones defensoras de la salud, estas condiciones provocarán interrupciones en la medicación, un aumento de enfermedades prevenibles y un mayor riesgo de transmisión del VIH.
Austeridad por encima de la vida
“Es una decisión cruel y fiscalmente irresponsable”, afirmó Carl Baloney Jr., presidente de AIDS United, quien acusó a la administración estatal de priorizar la ideología y la austeridad por encima de la vida humana. En la misma línea, el activista Michael Rajner, colaborador de Equality Florida, cuestionó el argumento oficial sobre la supuesta pérdida de fondos federales. “Eso no es cierto. Estamos exigiendo que el Departamento de Salud detenga y revierta estos recortes”, señaló.
Florida ocupa el tercer lugar en Estados Unidos en nuevas infecciones por VIH, con una tasa estimada de 16,7 diagnósticos por cada 100.000 habitantes, cifra que se eleva a 33,3 en el condado de Miami-Dade. A esto se suma la posibilidad de que casi el 17% de la población del estado quede sin seguro médico, debido al fin de subsidios y recortes a programas como Medicaid.
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En este contexto, organizaciones reportan un creciente temor entre los pacientes. “La gente está confundida y asustada”, indicó Wood, quien advirtió que el costo de un seguro privado puede alcanzar los 1.500 dólares mensuales. Para muchos, dejar el programa significaría abandonar el tratamiento, con consecuencias graves no solo para su salud, sino para toda la comunidad.
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