Las iniciativas orientadas al control migratorio implementadas por el gobernador Ron DeSantis han convertido a Florida, el tercer estado de EE.UU. con más inmigrantes, en la región donde más persigue de forma más agresiva a los indocumentados. Las políticas impulsadas por el gobernador han llevado a ciudades de mayoría latina, como Orlando y Doral, a autorizar a su policía a participar en tareas migratorias.
En la ciudad de Doral, que forma parte de la llamada Gran Miami donde un 70,7% de sus residentes son inmigrantes y un 48% de la población es oriunda de Venezuela, la Policía colabora con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), situación que ha generado un compresible temor en la comunidad inmigrante.
Ese mismo temor se ha apoderado de los inmigrantes sin documentación que viven en Orlando, donde un 36% de la población es hispana. El Ayuntamiento de esa ciudad autorizó que el ICE entrene a sus policías mediante el acuerdo 287(g), que facilita la colaboración de las autoridades locales con las federales.
DeSantis ha promovido con fuerza la colaboración con la Administración Trump en su plan de deportaciones masivas. El gobernador aprobó leyes estatales que prohíben las ciudades santuario e impone multas de hasta 5.000 dólares y suspender o destituir a los funcionarios que no cumplan con estas disposiciones.
En consecuencia, más de 100 agencias gubernamentales y todos los condados de Florida firmaron acuerdos 287(g), además de varias ciudades, como Coral Gables, Hialeah, Miami Springs, West Miami, Key West, y ahora Orlando y Doral.
También se han sumado a estas iniciativas algunas de las universidades públicas más importantes del estado como la Florida International University (FIU), la Florida University (UF) y la Florida Atlantic University (FAU), también se han sumado.
Las autoridades locales han aclarado que la colaboración con el ICE se concentrará en individuos con antecedentes penales y que se respetarán los derechos de todos los residentes. Bajo el acuerdo, la policía local tendrá acceso a la información de ICE, lo que permitirá que los agentes verifiquen si las personas tienen orden de deportación.
Y la coacción continúa en ascenso
La presión que ejerce la Administración DeSantis en Florida ha quedado de manifiesto para las autoridades locales. En días pasados el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, recibió una comunicación del fiscal general de Florida, James Uthmeier, en la que le advierte que sería destituido si no permitía que sus agentes policiales laboraran en labores de carácter migratorio.
A finales de marzo, el concejo municipal de la ciudad de Fort Myers debió rescindir su voto unánime en contra de un acuerdo con el ICE, luego de recibier advertencias similares.
Además, en fecha 14 de marzo, el director de inmigración de Florida, Larry Keefe, anunció la creación del Panel de Responsabilidad de las Fuerzas del Orden (LEAD). Esta herramienta permite a oficiales y ciudadanos denunciar de forma anónima a las agencias que no cumplan con las leyes de inmigración del estado.
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“No me puedo imaginar la desconfianza que va a generar entre la comunidad y la policía este acuerdo”, dijo en una entrevista con agencias internacionales de noticias la directora del Caucus Venezolanoamericano, Adelys Ferro.
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