El Consejo Estatal de Control de Inmigración del estado de Florida, que fue conformado en febrero pasado, envió al presidente Donald Trump una solicitud para que establezca más medidas que permitan a los departamentos de policías de los estados poder agilizar la expulsión sin la documentación debida, incluyendo aquellos que no tienen antecedentes penales ni órdenes de deportación, según una información publicada por el diario USA Today.
Durante su primera reunión oficial, el referido Consejo, conformado por ocho jefes de departamentos de policías del estado de Florida, expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan las fuerzas locales del orden para colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El presidente del Consejo, Grady Judd, enfatizó la necesidad de que el Gobierno federal flexibilice sus normas para que las autoridades estatales puedan intervenir de manera más directa en la detención y traslado de migrantes en situación irregular, según la reseña publicada por el citado periódico.
Judd, quien también ocupa el cargo de alguacil del condado de Polk, criticó la ausencia de apoyo de la Casa Blanca en esta materia. De acuerdo con USA Today, los miembros del Consejo manifestaron su descontento ante la negativa del Gobierno federal a permitir que las 67 cárceles del estado alberguen a extranjeros en proceso de deportación ya que el ICE enfrenta una escasez de camas para albergar a indocumentados, pero debe apegarse a la ley federal para poder asignar contratos.
Conformado por ocho miembros, todos jefes de departamentos de policías locales y de los condados, el Consejo centró su primera reunión en las frustraciones y obstáculos que han enfrentado sus agentes para ayudar a ICE y a la Administración Trump a cumplir con su agenda de deportaciones masivas.
El impulsor Ron DeSantis
Uno de los principales obstáculos que se presentan con la detención de personas sin un estatus migratorio definido, es la limitada capacidad del ICE para retener a estas personas, ya que debe ajustarse a normativas federales en la asignación de contratos para la detención.
A pesar de esta circunstancia, el gobernador Ron DeSantis ha impulsado una serie de iniciativas para reforzar la política migratoria estatal. Como parte de estos esfuerzos la Legislatura de Florida aprobó una partida de 250 millones de dólares destinada a financiar operativos de detención y reforzar la colaboración entre agencias locales y federales.
El Consejo Estatal de Control de Inmigración de Florida funciona bajo la supervisión de la Junta Estatal de Control de Inmigración, presidida por DeSantis y su conformación en el mes de febrero pasado obedece a la creciente presión que han ejercido las autoridades locales para endurecer las medidas contra la inmigración irregular en el estado.
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Recientemente el mandatario floridano ha impulsado varias medidas con el propósito, según ha dicho varias veces, de que el estado de Florida sea el “más seguro y protegido” de Estados Unidos. Entre las medidas puestas en marcha se encuentra la de imponer sanciones más severas a inmigrantes indocumentados que a estadounidenses, aunque comentan el mismo delito.
Además, sancionó una ley que establece la pena de muerte automática para inmigrantes sin documentos que sean condenados por delitos capitales, como asesinato o abuso sexual infantil.
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