La ciudad de Philadelphia presentó una demanda contra varias Pharmacy Benefit Managers (PBMs) y fabricantes de medicamentos, alegando que estas compañías contribuyeron al aumento del costo de la insulina al participar intencionalmente en un esquema de precios para aumentar su margen de beneficio, a la vez que falsearon la idea de que estaban trabajando para reducir el costo de los medicamentos.
La alcaldesa Cherelle Parker enfatizó que nadie debería preocuparse por quedarse sin medicamentos vitales debido a los altos costos. “Como alcaldesa, trabajo para garantizar que todos los residentes de Philadelphia tengan acceso a lo que necesitan para vivir una vida saludable, y seguiremos exigiendo a las empresas responsables de brindar servicios de salud el más alto estándar”.
Mediante este esquema de precios, las PBMs han inflado el costo de los medicamentos para la diabetes y han obligado a la ciudad, como pagadora de los beneficios de sus aproximadamente 30.000 empleados y sus beneficiarios, a pagar un sobrecosto significativo por estos medicamentos.
En los últimos veinte años, los precios de lista de los medicamentos recetados han aumentado drásticamente, a pesar de la disminución de los costos de producción. La insulina, cuya producción cuesta a los fabricantes tan solo $2, ha aumentado de precio de aproximadamente $20 por vial en la década de 1990 a entre $300 y más de $700 por vial en la actualidad.
En Philadelphia, donde se estima que el 14% de los adultos viven con diabetes, el acceso a medicamentos como la insulina a precios asequibles es crucial para la salud pública.
La ciudad alega que los PBM demandados, CVS Caremark, Express Scripts y OptumRx, y los fabricantes demandados Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi, crearon y operaron un esquema de fijación de precios de insulina al conspirar para aumentar los precios de lista a cambio de una ubicación favorable en los formularios, también conocidos como listas de medicamentos cubiertos, con el fin de fomentar el uso de los medicamentos de los fabricantes, mientras que los medicamentos genéricos y de menor precio se ubicaban en una posición menos favorable.
Como resultado, tanto los PBMs como los fabricantes demandados obtuvieron un mayor margen de beneficio, al tiempo que aumentaron significativamente los costos de mercado para las aseguradoras y los consumidores, perjudicando a las personas al limitar la disponibilidad de medicamentos vitales para los pacientes con diabetes.
La ciudad opera un plan de seguro médico autofinanciado, es la pagadora de varios planes operados por el sindicato que cubren el costo de la insulina y compra insulina para sus centros de salud.
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Los PBMs y sus agregadores de reembolsos afiliados desempeñan un papel importante en la fijación del precio de los medicamentos para los consumidores, la determinación de su disponibilidad y el desarrollo de formularios para determinar qué medicamentos están cubiertos por los pagadores, como Philadelphia, quienes son responsables de pagar a los proveedores de atención médica por los servicios cubiertos en nombre de sus miembros.
El motivo de los demandados para crear y operar el Esquema de Precios de la Insulina fue aprovechar su control del mercado de medicamentos para la diabetes para excluir a la competencia y maximizar las ganancias.
Como resultado, los demandados PBMs obtuvieron el control de más del 80% de los beneficios de medicamentos para más de 270 millones de estadounidenses, al tiempo que afectaron drásticamente la asequibilidad y el acceso de los pacientes a las insulinas.
Mediante esta demanda, la ciudad solicita, entre otras medidas, restitución, daños punitivos y compensatorios, y una orden declaratoria para impedir que los demandados sigan operando el Esquema de Precios de Insulina a costa de los pacientes y las aseguradoras.
La ciudad solicita específicamente al tribunal que determine que los demandados han violado la Ley RICO y la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Pennsylvania.
Philadelphia ha presentado su demanda en el marco del Litigio sobre el Precio de la Insulina, un procedimiento judicial nacional multidistrital en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de New Jersey.
Más de 550 pagadores autofinanciados, incluyendo gobiernos estatales y locales, sindicatos y empresas, se han unido al litigio.
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