La disputa por los cruces peatonales pintados con los colores de la bandera LGTBIQ se ha convertido en un nuevo frente de la guerra cultural en Florida. Al menos nueve ciudades se encuentran enfrentadas con el Gobierno estatal después de que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) ordenara borrar estas instalaciones, argumentando que representan un riesgo para la seguridad vial. Municipios y activistas sostienen que se trata de una maniobra política impulsada por el gobernador Ron DeSantis para reducir la visibilidad de la diversidad sexual en los espacios públicos.
El origen de la controversia se remonta a principios de julio, cuando el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, difundió una guía en la que instaba a los estados a garantizar que las carreteras no fueran utilizadas para “mensajes políticos ni obras de arte”. DeSantis acogió la directriz con entusiasmo y advirtió que no permitiría que las vías se usaran “con fines políticos”. Poco después, el FDOT notificó a ciudades como Miami Beach, Orlando, Fort Lauderdale y Cayo Hueso que debían eliminar sus pasos peatonales arcoíris bajo la amenaza de retirarles fondos estatales.
El FDOT sostiene que los colores brillantes en los cruces pueden distraer a conductores y peatones, fijando como plazo la primera semana de septiembre para su eliminación. Sin embargo, alcaldes, concejales y grupos civiles consideran que el argumento es una excusa para restringir expresiones de inclusión. Rand Hoch, del Consejo de Derechos Humanos del Condado de Palm Beach, acusó a las autoridades de “extorsionar a los municipios” con la retención de fondos, mientras que otros activistas califican la medida como “acoso estatal”.
Protestas y demandas
Las tensiones han desembocado en protestas y recursos legales. En Miami Beach, vecinos y activistas se concentraron en Ocean Drive para defender el cruce emblemático de South Beach, mientras la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó su indignación y aseguró que estas instalaciones reflejan “valores de respeto y apertura”. En Fort Lauderdale, el alcalde Dean Trantalis, primer dirigente abiertamente gay de la ciudad, denunció que la medida busca “borrar la presencia de la comunidad LGTBIQ”, advirtiendo que mañana podrían ir contra otros colectivos.
Orlando fue la primera ciudad en sufrir las consecuencias: el paso peatonal frente al club Pulse, escenario de la masacre de 2016, fue repintado en blanco y negro sin previo aviso. El alcalde Buddy Dyer calificó la acción como “un acto político cruel”. En Cayo Hueso, la alcaldesa Teri Henríquez defendió que los pasos peatonales arcoíris cumplen con las normas técnicas y que no se han registrado accidentes en la intersección señalada. La ciudad solicitó una audiencia administrativa para frenar la orden.
En St. Petersburg, tras perder una apelación, las autoridades locales accedieron a que el FDOT eliminara los murales, aunque los costes serán reembolsados por la ciudad. Vecinos anunciaron que los volverán a pintar con tiza en señal de resistencia.
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El conflicto ha escalado a nivel nacional, con el temor de que se convierta en precedente en otros estados. Para muchos observadores, la controversia por los cruces arcoíris es una extensión de las batallas culturales que han marcado a Florida en los últimos años, consolidando al estado como epicentro de debates sobre identidad, diversidad y el papel del Gobierno en el espacio público.
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