La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, serán los garantes de la liberación de los manifestantes detenidos por protestar contra el régimen de Daniel Ortega, informó el viernes la mesa de negociación.
Los delegados del régimen y de la opositora Alianza Cívica acordaron durante la décima octava sesión de negociación invitar al nuncio apostólico y al ex ministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quien participa como testigo y acompañante del proceso en representación de la Secretaría General de la OEA, ser los garantes de la liberación de los considerados “presos políticos”.
“La Secretaría General de la OEA y la Secretaría de Estado de la Santa Sede han aceptado oficialmente la invitación”, señalaron las partes en un comunicado conjunto.
La liberación de los manifestantes estará a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que aceptó facilitar ese proceso de conformidad al ordenamiento jurídico de Nicaragua y las respectivas obligaciones internacionales de este país en este ámbito.
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El CICR contribuirá a la revisión y conciliación de las listas de detenidos que maneja el régimen y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y propondrá a las partes una lista actualizada.
En el caso de los imputados o acusados no detenidos, ausentes o en rebeldía, se hará un acuerdo político para el cierre definitivo de sus causas, según el acuerdo.
En el contexto del presente acuerdo, las partes definirán los mecanismos que permitan la liberación definitiva en cada caso y del seguimiento y verificación al cumplimiento de los derechos humanos de las personas liberadas.
Para tal fin suscribirán un protocolo de garantías de seguridad de los liberados que definirá las autoridades encargadas de su seguimiento y los organismos que les apoyarán en ese objetivo.
En caso de necesidad, las partes de común acuerdo, solicitarán el apoyo nacional e internacional que se requiera.
La mesa de negociación que mantiene el Gobierno nicaragüense con la Alianza Cívica invitó la semana pasada al CICR a apoyar la liberación de los manifestantes en un plazo no mayor de 90 días.
El jueves las partes acordaron fijar para el próximo 3 de abril el fin de esas conversaciones que comenzaron el 27 de febrero pasado.
Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma del seguro social.
En las manifestaciones se exige la renuncia del presidente Ortega tras casi 12 años en el poder de forma consecutiva.
Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales además de actos violentos y ataques también a los obispos del país.
El Ejecutivo solo reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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