El diputado Luis Parra se juramentó el domingo como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, tras una sesión convulsa que la oposición ha calificado como un golpe al Parlamento. Parra presidirá una falsa Junta Directiva, instalada por los diputados chavistas para el último año de sesiones del periodo legislativo.
De 41 años de edad, Luis Parra militó en el opositor partido Primero Justicia, una de las cuatro organizaciones políticas más importantes dentro de la bancada opositora. En diciembre pasado fue expulsado del partido luego que se publicara un escandaloso caso de corrupción que lo vinculaba a él y a un grupo de diputados opositores, con empresarios que tenían negocios sucios con el régimen de Nicolás Maduro y el sistema de alimentación CLAP.
En una investigación periodística del portal Armando.info, Parra fue señalado de otorgar indulgencias a Alex Saab y a otros empresarios que han sido sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Las cartas que entregó el parlamentario en cuestión habrían lavado la reputación de los señalados empresarios y además habría solicitado a organismos internacionales retirar las sanciones de los imputados. También se le acusa a Parra de orquestar una maniobra para sobornar a otros legisladores ofreciéndoles un millón de dólares para que votaran contra Guaidó.
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El diputado Parra, acusado de corrupción, ha sido reconocido por Nicolás Maduro y ha pretendido convertirse en el sucesor de Guaidó. Según la bancada opositora, la candidatura de Parra fue votada sin el quórum requerido, es decir, no alcanzó los 84 votos mínimos para asumir el cargo. La instalación de la nueva junta necesitaba la mayoría absoluta, pero los chavistas que apenas sumaban 55 escaños y algunos desertores de la oposición representantes de las minorías que contabilizan 9 escaños (en total suman 64 votos) abrieron la sesión, sin la presencia de los opositores.
Luis Parra llegó al Parlamento venezolano tras ganar las elecciones de diciembre de 2015, en la que consiguió un escaño para representar al estado Yaracuy (occidente de Venezuela). Su rostro y su nombre son poco conocidos, y pese a recaer en él casos de sobornos y estar vinculado a una gigantesca red de corrupción, su nombre apenas comienza a tener eco tras el asaltado consumado este domingo.
Desde 2015, formó parte de la Subcomisión de Recursos Naturales del Parlamento en la que inició investigaciones por las consecuencias del Arco Minero, un proyecto creado en 2016 para explotar recursos minerales como oro, diamante y coltán, abundantes en el estado Bolívar, al sur de Venezuela y fronterizo con Brasil.
Aunque años atrás dijo mantener una absoluta alianza con la oposición y despotricar al partido de Maduro (Psuv), este diputado anunció en diciembre (luego se ser acusado de corrupción), la creación de una “nueva oposición” para desafiar a la bancada que lo apoyó durante casi cuatro años. Ahora pretende desplazar a la fuerza a quien es reconocido por Estados Unidos y otros 50 países más, como el presidente interino de Venezuela.