El estado de Florida ha dado un paso contundente en su lucha contra el tráfico sexual y la explotación de personas vulnerables. El gobernador Ron DeSantis firmó el pasado 20 de junio la Ley SB 1804, una nueva legislación que autoriza la pena de muerte para quienes participen en el tráfico sexual de menores de 12 años o personas con discapacidades mentales.
Esta normativa, que entrará en vigor el 1 de octubre, extiende la responsabilidad penal a todos los implicados en estas actividades criminales. Esto incluye a individuos que financien, organicen, supervisen o colaboren en la planificación de redes de tráfico sexual dirigido a niños o personas con limitaciones cognitivas. La iniciativa fue presentada por el senador republicano Jonathan Martin y lleva por nombre oficial “Tráfico Humano Capital de Personas Vulnerables para Explotación Sexual”.
Con esta medida el estado podrá aplicar cadena perpetua o la pena capital a infractores que hayan traficado, explotado o lucrado mediante el abuso sexual de ciudadanos vulnerables. Durante la firma de la ley, DeSantis reafirmó la postura de su gobierno frente a este delito.
“Florida mantiene una política de tolerancia cero con los criminales que explotan a los niños”, declaró el mandatario, quien resaltó que desde el inicio de su administración ha impulsado leyes para reforzar la protección infantil.
La nueva legislación forma parte de una serie de reformas recientes que buscan endurecer las sanciones para delitos sexuales graves. En 2023 Florida se convirtió en uno de los primeros estados del país en aprobar leyes que facilitaron la aplicación de la pena de muerte en casos específicos. Una de esas leyes tipificó como delito capital la violación de un menor de 12 años, y otra redujo de 12 a ocho el número de jurados necesarios para recomendar una condena a muerte.
Además, el mes pasado entró en vigor una disposición que permite al estado diversificar los métodos de ejecución más allá de la inyección letal y la electrocución. Esto garantiza la continuidad de las sentencias capitales aun cuando haya escasez de los fármacos usados para aplicar la pena.
Combate a los depredadores
El combate al tráfico sexual se complementa con otras medidas legales impulsadas por DeSantis para reforzar la seguridad de los menores en Florida. Entre ellas destacan el Proyecto de Ley 777, que aumenta las penas por seducción de menores y amplía su alcance a víctimas de hasta 14 años; el Proyecto de Ley 1351, que endurece los requisitos para el registro y monitoreo de depredadores sexuales; y el Proyecto de Ley 1455, que establece sentencias mínimas obligatorias para reincidentes en delitos sexuales, eliminando la posibilidad de liberación anticipada.
Por otra parte, la denominada “Ley de Brooke” (Proyecto de Ley 1161) obliga a las plataformas digitales a eliminar en un plazo máximo de 48 horas cualquier contenido sexualmente explícito generado mediante inteligencia artificial, protegiendo así a posibles víctimas de abuso digital.
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Estas iniciativas reflejan la estrategia del gobierno de Florida de abordar el tráfico sexual y los delitos contra menores desde múltiples frentes legales y preventivos, reafirmando su compromiso de convertir al estado en un entorno seguro para las familias y los niños.
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