El controvertido proyecto de ley “antiprotestas” que aumenta las potestades de los órganos de seguridad y orden para formalizar arrestos en las manifestaciones y obstaculiza reducir la financiación a la Policía, fue aprobado por el Legislativo de Florida.
Con 23 votos a favor y 17 en contra, el Senado sancionó la iniciativa bajo el argumento de “lucha contra la violencia, el desorden y el saqueo y ley de protección de las fuerzas del orden”.
La medida que fue presentada en septiembre del año pasado, ya había sido aprobada en la Cámara baja en marzo y ahora será enviada al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que la firmará para que entre en vigencia de inmediato.
En 2020, luego de las manifestaciones nacionales tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, DeSantis anunció el trámite del Proyecto de Ley.
El senador republicano Danny Burgess, patrocinador de la medida dijo que la nueva ley “no protege la violencia” y que les da a los manifestantes la capacidad de ejercer su derecho de la Primera Enmienda que garantiza la libertad de culto, de expresión, de prensa y de reunión, según declaraciones ofrecidas al canal 10 Tampa Bay.
Los detractores
Quienes están en contra de la medida consideran que esta fomentará aún más la discriminación de minorías que estarían sometidas a las autoridades y a su discreción a la hora de juzgar una protesta, como una manifestación pacífica o como disturbio.
El fiscal estatal del condado de Hillsborough, Andrew Warren, considera que la nueva ley contra las “protestas violentas” no servirá para que los fiscales ni los departamentos de Policía manejen los disturbios. Cree que la medida infringe los derechos a las manifestaciones pacíficas y la libertad de expresión.
Por su parte, la directora de la filial en Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Micah Kubic, califica la futura nueva ley como “racista, inconstitucional y antidemocrática”.
“El proyecto de ley fue diseñado intencionalmente para envalentonar el trato policial dispar que hemos visto una y otra vez dirigido a las personas negras y morenas que están ejerciendo su derecho constitucional a protestar”, acotó Kubic en un comunicado.
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El ex director del Centro Haas de la University of West Florida, economista Rick Harper elaboró un análisis en el que detalla que la ley antiprotestas tendrá un impacto económico en el estado que significará entre 25 y 67 millones de dólares anuales “en menores ingresos y mayores impuestos para los residentes de Florida”.
El catedrático dice que el proyecto supondrá entre 270 y 720 camas adicionales en las cárceles en un determinado momento, y eso será un costo para los contribuyentes de Florida entre 6,6 y 17,5 millones de dólares anuales.
Tras la firma del gobernador la ley “impondrá costos al contribuyente y a los arrestados que excederán con creces los posibles beneficios del aumento de sanciones”, explicó Harper.
En fechas anteriores DeSantis refirió en un comunicado que la ley mantiene “el equilibro adecuado” entre salvaguardar el derecho a la protesta pacífica y castigar a quienes se escudan en esas manifestaciones pacificas para causar violencia.
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