El proyecto de ley propuesto por el gobernador de Florida Ron DeSantis que otorga más poder de arresto a la Policía en escenarios de protestas callejeras, obtuvo la aprobación de la Cámara de Representantes del Congreso de Florida en fecha reciente. Ahora la propuesta deber ser debatida en el Senado.
La iniciativa legislativa conocida como “Ley de lucha contra la violencia, el desorden, el saqueo y la protección de la aplicación de la ley”, logró luz verde en la Cámara Baja floridana donde contó con 76 votos a favor y 39 en contra tras un prolongado debate en la instancia parlamentaria de mayoría republicana.
El proyecto de ley que aún requiere el visto bueno del Senado de Florida, que también es de mayoría republicana, y la firma del gobernador, aumenta las posibilidades de acusar penalmente a personas por hechos ocurridos en protestas e igualmente pone obstáculos para que los gobiernos locales puedan restringir los fondos presupuestarios asignados a la Policía.
Ben Diamond, representante demócrata por San Petersburgo, una ciudad de la costa oeste de Florida, se opuso al proyecto por considerar que “ya la Policía tiene las herramientas que necesita para mantener a salvo a los ciudadanos”.
“Hablé con mi jefe de Policía y eso fue lo que me dijo. Está preocupado como yo de que este proyecto de ley enturbie las aguas de una manera muy real que permitiría que los manifestantes pacíficos puedan ser arrestados”, señaló Diamond.
No vulnera la Primera Enmienda
Mientras, por su lado los republicanos que respaldan la nueva medida argumentan que el enunciado del texto legislativo es claro y no vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que protege la libertad de expresión.
“Lanzar un ladrillo a una ventana de una pequeña empresa no es libertad de expresión, sino un crimen. Golpear a un oficial de Policía con una botella de vidrio no es libertad de expresión. Es un crimen”, rebatió el representante republicano Tyler Sirois, de Merritt Island, localidad ubicada en la costa atlántica.
Esta propuesta de ley denominada HB1, dice en su redacción que también quiere “prohibir la intimidación cibernética mediante una publicación”.
“El derecho a protestar es parte integral de la historia de nuestra democracia que se perfecciona cada vez que ciudadanos concienzudos se atan los cordones de sus zapatos y marchan”, denunció la organización de rango nacional SPLC Action.
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Según refiere esta plataforma que dice en su sitio web que “trabaja para desmantelar la supremacía blanca y promover los derechos humanos de todas las personas”, el “horrible asesinato” del afroamericano George Floyd a manos de un policía el verano pasado repercutió en todo el país.
Horas antes de la votación que dio luz verde al proyecto de ley, SPLC Action alertó en un comunicado que la “HB1 también protegería a los vigilantes que usan la violencia contra los manifestantes”.
“Bloquear el tráfico resultaría en cargos criminales y las personas arrestadas serían encarceladas hasta su primera aparición en un tribunal”, augura la organización.
Si la propuesta de ley es aprobada por el Senado, una manifestación que resulte en daños a la propiedad por más de 5.000 dólares o bloquea el tráfico en una arteria urbana, se consideraría “disturbio agravado”, lo que sería clasificado de delito grave de segundo grado y conllevaría a una pena carcelaria mayor para “cualquiera que forme parte de la manifestación”, lo que aún está por ser definido.