Legisladores estatales y federales denunciaron en días pasados las condiciones en las que se encuentran 750 migrantes detenidos en el recién inaugurado centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en un antiguo aeropuerto abandonado en medio de los Everglades, al oeste de Miami.
Durante una visita oficial al lugar, varios congresistas calificaron el sitio como un “campo de internamiento” y señalaron que los migrantes están recluidos en jaulas, hacinados, sin acceso adecuado a agua potable ni condiciones sanitarias básicas. El senador estatal Carlos Guillermo Smith afirmó: “750 humanos en jaulas. No nos permitieron hablar con los detenidos. Hay inmigrantes sin antecedentes criminales”.
La congresista federal Debbie Wasserman Schultz informó que hasta 32 personas están encerradas por jaula, compartiendo un espacio reducido con literas y baños dentro de la misma unidad. “Obtienen agua para beber y cepillarse los dientes donde defecan”, denunció.
El sitio, que se encuentra en una zona propensa a inundaciones y en plena temporada de huracanes del Atlántico, ha generado alarma entre funcionarios, activistas y organizaciones. El legislador federal Darren Soto cuestionó el gasto de aproximadamente 500 millones de dólares en su construcción, asegurando que “pone en peligro tanto a los detenidos como a los agentes del ICE y la Guardia Nacional de Florida”.
El centro fue inaugurado durante los primeros días de julio tras una visita del presidente Donald Trump, como parte de su apoyo a las medidas migratorias restrictivas. Según se ha informado, Alligator Alcatraz podría albergar hasta 5.000 migrantes en total. Sin embargo, las denuncias sobre condiciones “infrahumanas”, escasez de agua y comida en mal estado, y las altas temperaturas —cercanas a los 30 grados centígrados— han intensificado la presión sobre el Gobierno estatal.
La Arquidiócesis de Miami también se pronunció en contra del centro, calificándolo de “corrosivo” e “inapropiado”, mientras que organizaciones ambientalistas como Friends of The Everglades han alertado sobre el impacto ecológico del sitio, construido sin estudios ambientales en un hábitat de especies en peligro como panteras, caimanes y algunos tipos de serpientes.
Exigen publicar contratos
En respuesta a toda esta situación, el Partido Demócrata de Florida exigió la semana pasada la publicación de todos los contratos relacionados con la construcción del centro de detención de migrantes. La presidenta del partido, Nikki Fried, acusó al gobernador Ron DeSantis de beneficiar a sus donantes políticos mediante contratos otorgados sin licitación pública, tras declarar una emergencia estatal. “Los floridanos merecen saber quién se está haciendo rico con su dinero”, afirmó Fried.
Los demócratas han presentado una petición formal a la Oficina del Gobernador y a la División de Gestión de Emergencias de Florida para acceder a los documentos y contratos relacionados con la obra. También solicitan una supervisión continua e independiente del centro.
Pese a las críticas, tanto la administración de Trump como el gobierno de Florida han defendido la creación del centro como parte de su estrategia para acelerar las deportaciones masivas a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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Mientras tanto, las denuncias continúan creciendo, con llamados urgentes para cerrar el centro y reemplazarlo por instalaciones más humanas, transparentes y adecuadas tanto desde el punto de vista legal como humanitario.
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