Un juez federal del distrito Norte de California, con sede en San Francisco, emitió un fallo que bloquea la política de Trump que exige regresar fuera de las fronteras a las personas que solicitan asilo mientras el Sistema Judicial realiza las evaluaciones.
La resolución judicial tuvo lugar un día después de la renuncia de la hasta el domingo Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien hace solo unas semanas había anunciado planes para expandir el programa.
El juez Richard Seeborg emitió este lunes una orden preliminar que entrará en efecto el próximo viernes, momento a partir del cual la Administración estadounidense “no podrá implementar o expandir el programa” de envío a México de los demandantes de asilo.
La decisión tomada en el distrito Norte de California, con sede en San Francisco, requirió que se permita a los 11 solicitantes en nombre de quienes se presentó la querella volver a entrar a territorio estadounidense.
La abogada Judy Rabinovitz, adscrita a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), ofreció declaraciones a la prensa tras conocerse el fallo y precisó que la decisión judicial “significa que nadie más podrá ser mandado a México. (El Gobierno) no puede forzar esta política”
La ACLU representó a los querellantes en la demanda junto al Centro Legal para la Pobreza Sureña (SPLC) y el Centro para Estudios de Género y Refugiados, que durante sus vistas ante el juez acusaron al Gobierno de tratar a los inmigrantes de forma “inhumana y contraria a la ley”.
Por su lado la abogada Melissa Crow, del SPLC, destacó que el fallo “evitará que individuos increíblemente vulnerables queden atrapados en condiciones peligrosas en México”.
La política de enviar a México a los demandantes de asilo a la espera de que se resuelvan sus casos empezó en enero y desde entonces se han enviado a ese país a unas 400 personas, según cifras de Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., responsable de su implementación.
La Justicia federal californiana, de tendencia más progresista que la mayoría de las Cortes del resto del país, se ha erigido en favorita para los activistas para presentar demandas contra el Gobierno de Trump, especialmente en materia migratoria, en la que la Administración ya ha sufrido varios reveses.
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