El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó investigar los acuerdos legales a perpetuidad logrados por el grupo Disney antes de que el distrito donde están sus parques temáticos en Orlando pasara a ser manejado por el estado luego de más de 50 años de autogobierno.
El mandatario envió una carta a Melinda Miguel, inspectora general en jefe de Florida, mediante la cual le solicita “una revisión e investigación exhaustivas” sobre la jugada legal de Disney que fue conocida en fecha reciente.
El 8 de enero de 2019 Melinda Miguel fue nombrada por DeSantis como Inspectora General en Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador de Florida.
Los miembros de la nueva junta nombrada por DeSantis para encargarse del Distrito de Mejoras de Reedy Creek, bajo el que Walt Disney World funcionó de manera autónoma durante más de medio siglo, sacaron a la luz esos acuerdos al percatarse de que no los dejan actuar libremente.
“Estos arreglos tienen como objetivo anular la legislación aprobada recientemente, socavar el proceso legislativo de Florida y desafiar la voluntad de los floridanos”, escribió DeSantis en su misiva, en la que añadió que “cualquier violación legal o ética debe remitirse a las autoridades correspondientes”.
En su solicitud el gobernador invoca el proyecto de ley HB-9 aprobado por el Congreso de Florida y que él promulgó el pasado 27 de febrero para “poner fin al estatus de autogobierno y los privilegios especiales proporcionados a Walt Disney World a través del Mejoramiento de Reedy Creek”.
DeSantis tomó esa medida después de que el gigante del entretenimiento se declarara en contra de su polémica política conocida como “No digas gay”.
Nueva legislación obedece a represalias
El consejero delegado de Disney, Bob Iger, señaló que las represalias emprendidas por DeSantis y la legislatura estatal, de mayoría republicana, no solo son “anti-negocios” sino también “anti-Florida”, entre otras razones debido a que el complejo de parques temáticos es el mayor contribuyente de impuestos a las arcas públicas.
Trascendió en medios especializados que durante la junta anual de accionistas Iger expuso que Disney emplea a más de 75.000 personas en Florida, estado al que cada año lleva unos 50 millones de turistas; también que la firma planea invertir en Walt Disney World más de 17.000 millones de dólares durante la próxima década.
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Iger hizo referencia a la posición en contra que un año atrás asumió la compañía respecto a un proyecto de ley en el Congreso de Florida, en mención a la medida conocida como “No digas gay”, que prohíbe abordar temas de identidad de género en las escuelas públicas.
“El gobernador se enojó mucho por la posición que tomó Disney y parece que decidió tomar represalias contra nosotros, incluido el nombramiento de una nueva junta para supervisar la propiedad y el negocio. En efecto, pretender sancionar a una empresa por el ejercicio de un derecho constitucional (el de libre expresión). Y eso me parece realmente incorrecto”, dijo Iger según una reseña del medio especializado CNBC.
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