El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha ordenado cerrar dos centros de detención de inmigrantes. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, continuará revisando las instalaciones de ese tipo y sus estándares de salud y seguridad.
Mayorkas pidió al ICE que descontinúe el uso del Centro de Detención de Inmigración C. Carlos Carreiro, en North Dartmouth (Massachusetts), transfiriendo a los detenidos fuera de las instalaciones. En un memorando relevante, el secretario Mayorkas declaró: “Permítanme establecer un principio fundamental: no toleraremos el maltrato de personas en detención civil por motivos de inmigración o condiciones de detención deficientes”.
El secretario también instruyó al director interino a prepararse para descontinuar el uso del Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla (Georgia), tan pronto como sea posible y de acuerdo con las obligaciones legales.
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Los preparativos incluirán la preservación de pruebas para las investigaciones en curso, la reubicación del personal de ICE, si fuera necesario, y el traslado de los no ciudadanos detenidos, cuya detención continua sigue siendo “necesaria para la seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”.
El segundo acierto está relacionado con que el presidente Biden está tomando medidas para mejorar la representación legal de los más pobres. Así, lanzó un plan para reforzar los servicios legales para los pobres, un elemento pasado por alto y con fondos insuficientes en la agenda de reforma de la justicia.
En un memorando, ordenó al Departamento de Justicia reabrir la Oficina de Acceso a la Justicia, una iniciativa de la era de Obama (2010), destinada a crear nuevos programas de servicios legales y cerrada bajo la presidencia de Trump.
También reconstituirá un grupo de trabajo en la Casa Blanca para discutir la expansión de la asistencia legal para personas de bajos ingresos y grupos minoritarios.
Sin embargo, siguen los problemas con la corte de inmigración. Como candidato, Biden prometió promover el acceso a un abogado para casos judiciales de inmigración.
Tras su investidura, el presidente envió un borrador de un proyecto de ley de inmigración integral al Congreso: la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos. Sin embargo, la administración no ha tomado medidas en el sistema de tribunales de inmigración para restablecer el acceso a cierre administrativo. Hasta ahora, el fiscal general no ha revertido ninguno de los precedentes negativos establecidos por sus predecesores.
Por: Héctor Benítez Cañas
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* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma de abogados Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración en el trámite de visas para inversionistas, profesionales, deportistas, artistas, entre otros; así como a procesos de naturalización y defensivos ante los Tribunales de Inmigración de Estados Unidos, entre los que destaca el Asilo Defensivo y la Cancelación de la Remoción.
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